Cada vez más trabajadores españoles sufren “burnout”. Es hora de considerarlo una enfermedad laboral

Cada vez más trabajadores españoles sufren

Hay días en los que nos levantamos cansados. Al salir de la cama nos pesa el cuerpo y frente a la pantalla tenemos la sensación de que la cabeza nos funciona a unas cuantas marchas menos. Puede ser que hayamos dormido mal, o que acumulemos fatiga tras varios días de duro trabajo. Pero si esa sensación de agotamiento constante se prolonga en el tiempo, por semanas o meses, y está acompañada de pensamientos negativos respecto al empleo, es probable que suframos el síndrome de burnout, también conocido como síndrome del trabajador quemado.

El burnout se caracteriza por la cronificación del estrés, y cada vez afecta a más trabajadores en todo el mundo. Así, en 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba que un 10% de los profesionales lo habían experimentado en todo el mundo, una cifra que la compañía de recursos humanos Adecco eleva al 40% en 2021, tanto con carácter global como en España, en su estudio ‘Resetting Normal: redefiniendo la nueva era del trabajo’.

Unos datos que los profesionales de la psicología confirman: “Los compañeros que trabajan en la sanidad pública nos dicen que cada vez hay más personas que sufren enfermedades mentales derivadas del trabajo. Y nosotros, dentro del servicio de la universidad, también hemos visto un aumento de la demanda del personal para tratar temas como la ansiedad, el estrés o el estado de ánimo, muy relacionados con el ámbito laboral”, explica a Xataka Mariela Checa, coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga y decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

Un problema, por tanto, creciente. Tanto que la propia OMS ha reconocido este 2022 el síndrome de burnout como una enfermedad profesional al incluirlo en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Un paso que todavía no ha dado España, que no reconoce ni ésta ni ninguna otra patología mental como enfermedad profesional. Por ello, tanto sindicatos como profesionales de la psicología reclaman al Gobierno que lo incorpore al Cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social para proteger adecuadamente a los trabajadores que lo padecen.

Mayor protección para el trabajador

Hasta ahora, las enfermedades mentales se consideran accidentes laborales o patologías relacionadas con el trabajo, pero no enfermedades laborales. Y, aunque sobre el papel puedan parecer lo mismo, lo cierto es que las diferencias entre unas y otra son notables.

En las dos primeras el trabajador tiene que demostrar que el problema que padece ha sido ocasionado su desempeño profesional, mientras que en la tercera la ley ya contempla que la patología se puede dar como consecuencia del empleo que ejerce, es decir, que ejercer ese empleo es un factor de riesgo para que aparezca, por lo que los trámites son mucho más sencillos y rápidos.

“Con una enfermedad relacionada con el trabajo, como se considera ahora el síndrome de burnout, tienes que demostrar que lo padeces con informes médicos y psicológicos y pelear mucho, a veces incluso por vía judicial, para probarlo y que se reconozca como accidente laboral para que te den la baja" explica a Xataka Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Sin embargo", continúa Abascal, "si se mete dentro del cuadro de enfermedades profesionales, la ley ya reconoce que hay determinados trabajos que aumentan el riesgo de padecer una serie de patologías, por lo que si aparece, no hace falta demostrar tantas cosas, porque se entiende que está intrínsecamente relacionada con tu puesto de trabajo”.

Por lo tanto, la inclusión del síndrome de burnout u otras patologías mentales como la ansiedad o la depresión en el cuadro de enfermedades laborales de la Seguridad Social agilizaría trámites y favorecería que el problema se empiece a tratar antes.

Si se consigue una baja laboral a tiempo se previene el desarrollo de patologías más graves. El estrés, la ansiedad o el insomnio son señales de alarma que nuestro cuerpo nos está dando para parar y empezar a ver qué nos sucede. Cuando las mantenemos en el tiempo y normalizamos el estado de alerta aparece un cansancio constante, pesadez en el cuerpo y surge la desmotivación, la sensación de sinsentido y una gran insatisfacción, lo que finalmente puede acarrear consecuencias graves para nuestra salud física y mental”, explica a Xataka Elisabet Schiavi, psicoterapeuta de la plataforma web de psicólogos Psonríe.

Reconocimiento y prevención

Asimismo, la inclusión en el Cuadro de enfermedades profesionales supondría el reconocimiento de que hay determinados trabajos que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad mental, como el estrés crónico, la ansiedad o la depresión, por lo que las empresas implicadas tendrían que tomar medidas de prevención para disminuir todo lo posible la posibilidad de que estas patologías aparezcan.

“Cuando el cuadro lo reconoce, hay que hacer lo que se conoce como prevención primaria, por la que las empresas tienen que replantearse su gestión, reforzar los recursos humanos y tomar todas las medidas necesarias para tratar de evitar que el trabajador padezca la enfermedad, en este caso, el burnout”, explica Abascal.

El reconocimiento del cuadro también pondría orden a las actuaciones que se llevan a cabo en Atención Primaria con pacientes de salud mental y ayudaría a visibilizar estas enfermedades, de tal forma que tanto empleados como jefes sepan a qué atenerse cuando un compañero o ellos mismos las sufren.

Mariela Checa explica que la falta de información acerca de lo que es una enfermedad mental hace que los responsables de equipo y los propios trabajadores se lo tomen como un accidente laboral, es decir, como un hecho fortuito para el que hay, más o menos, un plazo de recuperación estimado. Lo que es un error al hablar de salud mental, donde los plazos dependerán de cada persona y su situación.

“A veces, cuando damos talleres sobre salud mental en el trabajo, algunos jefes preguntan que cuál es el plazo para que una persona con una enfermedad psicológica se reincorpore a su puesto .Este tipo de pensamiento en las instituciones no ayuda, porque lo importante es que se trate su enfermedad”, explica la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga.

Por otra parte, Checa señala que ese reconocimiento también serviría para que la Administración dote de más recursos a la salud mental, y en especial que atienda a una reivindicación que los psicólogos llevan haciendo mucho tiempo: que se aumente el número de plazas de estos profesionales en Atención Primaria.

Porque otro problema, explica, es que en la actualidad las enfermedades mentales se difuminan entre otras afecciones porque no se diagnostican bien y los paciente se derivan a especialistas inadecuados, que tratan las dolencias físicas derivadas de una patología mental en lugar de abordar el origen psicológico de ese malestar.

“El diagnóstico equívoco tiene dos consecuencias negativas. La principal, que tenemos una sociedad de gente con problemas mentales sin resolver. Y la otra, el gasto económico inútil que supone para la Administración tener constantemente en el circuito sanitario a pacientes a los que no se les soluciona lo que realmente tienen”, explica Checa.

Lo que dice la ley

La Ley General de la Seguridad Social de España recoge que un accidente laboral es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. Mientras que la enfermedad profesional requiere de una afección contraída a consecuencia del trabajo, aunque la propia norma subraya más adelante que esas patologías deben estar provocadas “por la acción de los elementos o sustancias” especificados en el cuadro de enfermedades profesionales, como agentes químicos. Si obviamos esa última parte, parece que las afecciones mentales encajan más en la segunda definición que en la primera.

Además, “el accidente laboral se tiene que determinar en el momento, mientras que la enfermedad profesional habría que establecerla en los últimos doce meses, porque es un proceso”, explica Raúl Rojas, socio del bufete de abogados ECIJA experto en derecho laboral, lo que hace aún más extraño que las patologías mentales sólo se consideren hasta el momento accidentes, ya que afecciones como la depresión o el burnout son, precisamente, un proceso, no algo que aparece de forma súbita.

En este sentido, Encarna Abascal subraya que la diferencia también es temporal: en un accidente se prevé que la persona se recupere en un plazo determinado, mientras que por una enfermedad se consigue cobertura por más tiempo. Aunque Rojas explica que con un accidente también se puede solicitar una incapacidad permanente, que ampliaría la protección al trabajador indefinidamente. Pero, de nuevo, los trámites y el papeleo para obtenerla dilatan mucho el proceso.

En lo que no hay diferencias, según Rojas, es en las prestaciones por incapacidad temporal que prevé la ley tanto en el accidente como en la enfermedad laboral: el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

Difícil de demostrar

A pesar de todo esto, psicólogos y sindicatos son conscientes de que las enfermedades mentales se enfrentan a un escollo importante para que sean consideradas enfermedades laborales: es muy difícil demostrar que una depresión o un trastorno de ansiedad tienen exclusivamente un origen laboral. En general, estas enfermedades aparecen por una suma de factores en los que el trabajo es sólo uno más. Por ello, para la mayoría de ellas se conceden bajas parciales.

Sin embargo, el síndrome de burnout es distinto. Al ser considerado “un estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito”, según la definición de la OMS, está directa y exclusivamente relacionado con el ámbito laboral, motivo por el que psicólogos y sindicatos reclaman que se incluya en el Cuadro de enfermedades laborales de la Seguridad Social.

“El burnout se puede demostrar con más facilidad precisamente porque es el síndrome del trabajador quemado. Hasta la OMS ha reconocido que es una enfermedad profesional, y ha recomendado a los países que hagan lo mismo, pero España aún no lo ha hecho. Por eso nosotros reclamamos que el Gobierno lo haga”, señala la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Imagen | Brian Tromp

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La noticia Cada vez más trabajadores españoles sufren "burnout". Es hora de considerarlo una enfermedad laboral fue publicada originalmente en Xataka por Pablo Rodríguez .

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Cada vez más trabajadores españoles sufren “burnout”. Es hora de considerarlo una enfermedad laboral

Cada vez más trabajadores españoles sufren

Hay días en los que nos levantamos cansados. Al salir de la cama nos pesa el cuerpo y frente a la pantalla tenemos la sensación de que la cabeza nos funciona a unas cuantas marchas menos. Puede ser que hayamos dormido mal, o que acumulemos fatiga tras varios días de duro trabajo. Pero si esa sensación de agotamiento constante se prolonga en el tiempo, por semanas o meses, y está acompañada de pensamientos negativos respecto al empleo, es probable que suframos el síndrome de burnout, también conocido como síndrome del trabajador quemado.

El burnout se caracteriza por la cronificación del estrés, y cada vez afecta a más trabajadores en todo el mundo. Así, en 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaba que un 10% de los profesionales lo habían experimentado en todo el mundo, una cifra que la compañía de recursos humanos Adecco eleva al 40% en 2021, tanto con carácter global como en España, en su estudio ‘Resetting Normal: redefiniendo la nueva era del trabajo’.

Unos datos que los profesionales de la psicología confirman: “Los compañeros que trabajan en la sanidad pública nos dicen que cada vez hay más personas que sufren enfermedades mentales derivadas del trabajo. Y nosotros, dentro del servicio de la universidad, también hemos visto un aumento de la demanda del personal para tratar temas como la ansiedad, el estrés o el estado de ánimo, muy relacionados con el ámbito laboral”, explica a Xataka Mariela Checa, coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga y decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

Un problema, por tanto, creciente. Tanto que la propia OMS ha reconocido este 2022 el síndrome de burnout como una enfermedad profesional al incluirlo en su Clasificación Internacional de Enfermedades. Un paso que todavía no ha dado España, que no reconoce ni ésta ni ninguna otra patología mental como enfermedad profesional. Por ello, tanto sindicatos como profesionales de la psicología reclaman al Gobierno que lo incorpore al Cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social para proteger adecuadamente a los trabajadores que lo padecen.

Mayor protección para el trabajador

Hasta ahora, las enfermedades mentales se consideran accidentes laborales o patologías relacionadas con el trabajo, pero no enfermedades laborales. Y, aunque sobre el papel puedan parecer lo mismo, lo cierto es que las diferencias entre unas y otra son notables.

En las dos primeras el trabajador tiene que demostrar que el problema que padece ha sido ocasionado su desempeño profesional, mientras que en la tercera la ley ya contempla que la patología se puede dar como consecuencia del empleo que ejerce, es decir, que ejercer ese empleo es un factor de riesgo para que aparezca, por lo que los trámites son mucho más sencillos y rápidos.

“Con una enfermedad relacionada con el trabajo, como se considera ahora el síndrome de burnout, tienes que demostrar que lo padeces con informes médicos y psicológicos y pelear mucho, a veces incluso por vía judicial, para probarlo y que se reconozca como accidente laboral para que te den la baja" explica a Xataka Encarna Abascal, secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Sin embargo", continúa Abascal, "si se mete dentro del cuadro de enfermedades profesionales, la ley ya reconoce que hay determinados trabajos que aumentan el riesgo de padecer una serie de patologías, por lo que si aparece, no hace falta demostrar tantas cosas, porque se entiende que está intrínsecamente relacionada con tu puesto de trabajo”.

Por lo tanto, la inclusión del síndrome de burnout u otras patologías mentales como la ansiedad o la depresión en el cuadro de enfermedades laborales de la Seguridad Social agilizaría trámites y favorecería que el problema se empiece a tratar antes.

Si se consigue una baja laboral a tiempo se previene el desarrollo de patologías más graves. El estrés, la ansiedad o el insomnio son señales de alarma que nuestro cuerpo nos está dando para parar y empezar a ver qué nos sucede. Cuando las mantenemos en el tiempo y normalizamos el estado de alerta aparece un cansancio constante, pesadez en el cuerpo y surge la desmotivación, la sensación de sinsentido y una gran insatisfacción, lo que finalmente puede acarrear consecuencias graves para nuestra salud física y mental”, explica a Xataka Elisabet Schiavi, psicoterapeuta de la plataforma web de psicólogos Psonríe.

Reconocimiento y prevención

Asimismo, la inclusión en el Cuadro de enfermedades profesionales supondría el reconocimiento de que hay determinados trabajos que aumentan el riesgo de padecer una enfermedad mental, como el estrés crónico, la ansiedad o la depresión, por lo que las empresas implicadas tendrían que tomar medidas de prevención para disminuir todo lo posible la posibilidad de que estas patologías aparezcan.

“Cuando el cuadro lo reconoce, hay que hacer lo que se conoce como prevención primaria, por la que las empresas tienen que replantearse su gestión, reforzar los recursos humanos y tomar todas las medidas necesarias para tratar de evitar que el trabajador padezca la enfermedad, en este caso, el burnout”, explica Abascal.

El reconocimiento del cuadro también pondría orden a las actuaciones que se llevan a cabo en Atención Primaria con pacientes de salud mental y ayudaría a visibilizar estas enfermedades, de tal forma que tanto empleados como jefes sepan a qué atenerse cuando un compañero o ellos mismos las sufren.

Mariela Checa explica que la falta de información acerca de lo que es una enfermedad mental hace que los responsables de equipo y los propios trabajadores se lo tomen como un accidente laboral, es decir, como un hecho fortuito para el que hay, más o menos, un plazo de recuperación estimado. Lo que es un error al hablar de salud mental, donde los plazos dependerán de cada persona y su situación.

“A veces, cuando damos talleres sobre salud mental en el trabajo, algunos jefes preguntan que cuál es el plazo para que una persona con una enfermedad psicológica se reincorpore a su puesto .Este tipo de pensamiento en las instituciones no ayuda, porque lo importante es que se trate su enfermedad”, explica la coordinadora del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Málaga.

Por otra parte, Checa señala que ese reconocimiento también serviría para que la Administración dote de más recursos a la salud mental, y en especial que atienda a una reivindicación que los psicólogos llevan haciendo mucho tiempo: que se aumente el número de plazas de estos profesionales en Atención Primaria.

Porque otro problema, explica, es que en la actualidad las enfermedades mentales se difuminan entre otras afecciones porque no se diagnostican bien y los paciente se derivan a especialistas inadecuados, que tratan las dolencias físicas derivadas de una patología mental en lugar de abordar el origen psicológico de ese malestar.

“El diagnóstico equívoco tiene dos consecuencias negativas. La principal, que tenemos una sociedad de gente con problemas mentales sin resolver. Y la otra, el gasto económico inútil que supone para la Administración tener constantemente en el circuito sanitario a pacientes a los que no se les soluciona lo que realmente tienen”, explica Checa.

Lo que dice la ley

La Ley General de la Seguridad Social de España recoge que un accidente laboral es toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o como consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena. Mientras que la enfermedad profesional requiere de una afección contraída a consecuencia del trabajo, aunque la propia norma subraya más adelante que esas patologías deben estar provocadas “por la acción de los elementos o sustancias” especificados en el cuadro de enfermedades profesionales, como agentes químicos. Si obviamos esa última parte, parece que las afecciones mentales encajan más en la segunda definición que en la primera.

Además, “el accidente laboral se tiene que determinar en el momento, mientras que la enfermedad profesional habría que establecerla en los últimos doce meses, porque es un proceso”, explica Raúl Rojas, socio del bufete de abogados ECIJA experto en derecho laboral, lo que hace aún más extraño que las patologías mentales sólo se consideren hasta el momento accidentes, ya que afecciones como la depresión o el burnout son, precisamente, un proceso, no algo que aparece de forma súbita.

En este sentido, Encarna Abascal subraya que la diferencia también es temporal: en un accidente se prevé que la persona se recupere en un plazo determinado, mientras que por una enfermedad se consigue cobertura por más tiempo. Aunque Rojas explica que con un accidente también se puede solicitar una incapacidad permanente, que ampliaría la protección al trabajador indefinidamente. Pero, de nuevo, los trámites y el papeleo para obtenerla dilatan mucho el proceso.

En lo que no hay diferencias, según Rojas, es en las prestaciones por incapacidad temporal que prevé la ley tanto en el accidente como en la enfermedad laboral: el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja.

Difícil de demostrar

A pesar de todo esto, psicólogos y sindicatos son conscientes de que las enfermedades mentales se enfrentan a un escollo importante para que sean consideradas enfermedades laborales: es muy difícil demostrar que una depresión o un trastorno de ansiedad tienen exclusivamente un origen laboral. En general, estas enfermedades aparecen por una suma de factores en los que el trabajo es sólo uno más. Por ello, para la mayoría de ellas se conceden bajas parciales.

Sin embargo, el síndrome de burnout es distinto. Al ser considerado “un estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito”, según la definición de la OMS, está directa y exclusivamente relacionado con el ámbito laboral, motivo por el que psicólogos y sindicatos reclaman que se incluya en el Cuadro de enfermedades laborales de la Seguridad Social.

“El burnout se puede demostrar con más facilidad precisamente porque es el síndrome del trabajador quemado. Hasta la OMS ha reconocido que es una enfermedad profesional, y ha recomendado a los países que hagan lo mismo, pero España aún no lo ha hecho. Por eso nosotros reclamamos que el Gobierno lo haga”, señala la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Imagen | Brian Tromp

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La noticia Cada vez más trabajadores españoles sufren "burnout". Es hora de considerarlo una enfermedad laboral fue publicada originalmente en Xataka por Pablo Rodríguez .

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Funcionarios sin derecho al teletrabajo: el Gobierno retrasa indefinidamente la norma que lo regula

Funcionarios sin derecho al teletrabajo: el Gobierno retrasa indefinidamente la norma que lo regula

Los funcionarios no saben cuándo dispondrán de una norma que regule su teletrabajo. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, aseguró en noviembre de 2021 que el Gobierno tendría preparado el real decreto ley para el trabajo a distancia en la Administración General del Estado para comienzos de 2022. Luego, en enero de 2022, el departamento ministerial comunicó a los sindicatos que la norma no se aprobaría hasta finales de febrero. Y ahora, a diez días de que finalice el citado mes, los sindicatos aseguran que no tienen noticia alguna del Ejecutivo en este sentido, según han explicado a Xataka Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

Los sindicatos señalan que han preguntado en repetidas ocasiones sobre la cuestión al ministerio en las últimas semanas, y que la única respuesta que han obtenido por parte de la Administración es que no saben cuándo se retomará el asunto. “No hay ninguna novedad al respecto. Ni ponen fecha ni nos dan una respuesta aproximada de cuál es el planteamiento que tienen”, explica a Xataka Javier Martínez, secretario de comunicación del Sector de la Administración General del Estado de CCOO.

Desde UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) corroboran la información de Martínez: la falta de novedades es absoluta. El diario El Mundo informa de que desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, tras los dos retrasos para la tramitación de la norma ya mencionados, no se atreven a ofrecer una nueva fecha, aunque sí aseguran que será antes del verano. Los sindicatos, ante las demoras pasadas y la falta de información por parte del departamento ministerial, dudan incluso de ese plazo, a pesar de ser bastante más holgado que los dados con anterioridad.

El real decreto para regular el teletrabajo de los funcionarios aparece en el plan anual de actualización normativa de la Administración General del Estado, lo que quiere decir que el Gobierno se ha comprometido a tramitarlo y aprobarlo a lo largo de 2022. Pero tiene hasta finales del presente año para hacerlo.

Los fondos van antes

Los sindicatos se muestran molestos por el nuevo retraso del real decreto del teletrabajo de los funcionarios, en especial porque consideran que la norma ya está bastante desarrollada (el periodo de alegaciones terminó el pasado 4 de enero) y la nueva demora no tiene justificación.

Desde CCOO consideran este retraso se debe a que el Ejecutivo está dando prioridad a otras normas que le urgen más desde el punto de vista económico: las comprometidas con Europa para la llegada de los fondos comunitarios de recuperación. “El problema es que el Gobierno no se comprometió a una fecha exacta en la que tendría que salir este decreto, pero hay otros, como los de las ayudas, que sí tienen fechas límite, y son a esos a los que están dando prioridad”, explica Martínez.

Así, los sindicatos consideran que el Gobierno no tiene prisa en aprobar el decreto que regula el trabajo a distancia de los funcionarios, entre otras cosas porque, según señalan, con las normas provisionales de la pandemia pueden resolver la papeleta, mal que bien, en el caso de que sea necesario que los empleados públicos trabajen más días de los permitidos desde casa en determinadas situaciones, como en un contagio de coronavirus.

Pero, subrayan, esas normas provisionales no resuelven los problemas a los que se enfrentan los funcionarios al teletrabajar, como el uso de dispositivos personales ante la falta de equipos profesionales, el déficit de competencias en herramientas digitales para el trabajo a distancia, la ciberseguridad, la protección de datos o el acoso. Aspectos que el decreto sí aborda.

Asimismo, en la actualidad los funcionarios sólo pueden teletrabajar un día a la semana, salvo en contadas excepciones, mientras que el real decreto les permitiría, con carácter general, trabajar a distancia hasta tres días, y en algunos casos hasta el 90% de la jornada mensual.

Imagen | Jaime García/GTRES

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Tras el desplome del turismo, Airbnb apostó por los teletrabajadores. Le ha salido fenomenal

Tras el desplome del turismo, Airbnb apostó por los teletrabajadores. Le ha salido fenomenal

A mediados de 2020 Airbnb estaba en el peor momento de su historia. Después de años de crecimiento, aunque no de rentabilidad, la pandemia que paralizó el mundo amenazaba con tumbar el negocio de esta tecnológica: el alquiler vacacional de corta estancia de habitaciones y viviendas particulares. Para frenar la sangría, despidieron a casi 2.000 empleados y recortaron gastos de publicidad y marketing. Aun así, aquel primer año de la pandemia se saldó con unas pérdidas de casi 4.600 millones de dólares, unos 3.800 millones de euros.

Ante la incertidumbre sobre el fin de la pandemia, y aprovechando las nuevas tendencias laborales, los responsables de la plataforma decidieron explorar un nuevo modelo: el de ofrecer estancias más largas para teletrabajadores que quisiesen cambiar de aires tras meses de encierros. Una apuesta que apenas un año después parece acertada, ya que Airbnb ha informado, en su último balance de resultados, de que en 2021 sus ingresos crecieron un 25% y que el último trimestre del año superó en ganancias al mismo periodo de 2019, con un beneficio de 55 millones de dólares en ese periodo.

Y parte de esa recuperación la atribuyen a un cambio de tendencia en sus reservas, pues desde 2020 ha crecido considerablemente el número de personas que usan la plataforma para estancias largas. Con anterioridad, el negocio de Airbnb se centraba en estancias cortas. Así, casi la mitad de las reservas que tuvo la plataforma en los dos últimos años han sido para más de siete noches, y las que superaron las 28 noches ya suponen el 22% del total. Unos datos que atribuyen al creciente número de nómadas digitales que usan sus servicios para moverse por el mundo mientras trabajan en remoto.

La apuesta por el teletrabajo

Para atraer a los nómadas digitales para teletrabajar en las viviendas de sus huéspedes, Airbnb lanzó en la primavera de 2021 una serie de herramientas y ventajas para favorecer la búsqueda y reserva de estancias de larga duración en alojamientos equipados con elementos necesarios para el trabajo en remoto, como internet de alta velocidad.

Así, en mayo de 2021 la plataforma turística anunció acuerdos con diferentes ciudades para ofrecer bonos con importantes descuentos a personas que decidiesen reservar estancias de larga duración en esas urbes. En cuanto a los nuevos filtros de búsqueda, además del de internet, introdujo la posibilidad de buscar viviendas vinculadas a una zona de interés, como la montaña o la playa, en lugar de a una ciudad concreta, con la posibilidad de incluir atributos muy específicos, como vistas al mar o que tuviesen chimenea.

“Las líneas entre vivir, viajar y trabajar se están difuminando”, dijo entonces el CEO de Airbnb, Brian Chesky, quien ha pregonado con el ejemplo y, como contaron los compañeros de Magnet, ha anunciado recientemente que va a mudarse cada dos semanas a apartamentos de su plataforma repartidos por el mundo para demostrarlo.

Turismo local, contención de gasto y bolsa

Más allá del teletrabajo, las buenas cifras presentadas por Airbnb también obedecen a que han continuado con su política de contención de gasto, en especial en marketing y publicidad, y no han recuperado el número de empleados que despidieron en 2020.

Asimismo, se han visto beneficiados por el aumento del turismo local que se vive en muchas partes del mundo desde el primer verano de la pandemia, ya que en estos dos años muchas personas han preferido viajar cerca de casa ante la incertidumbre de las reglas covid de los distintos países, las posibles cancelaciones de vuelos y los cierres de fronteras. De hecho, la compañía explica que las reservas nacionales y no urbanas han aumentado un 45% desde la aparición de la Covid.

Por último, también les ha mantenido a flote su salida a bolsa en noviembre de 2020, con la que recaudó, aproximadamente, unos 3.500 millones de dólares. Un ingreso que, sin duda, ayudó a paliar el tremendo agujero que dejó la pérdida de casi 4.600 millones de dólares que mencionamos al inicio del artículo.

Imagen | Yasmina H

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El Estado se quedó mis NFT: Reino Unido realiza la primera incautación de tókenes por fraude de la historia

El Estado se quedó mis NFT: Reino Unido realiza la primera incautación de tókenes por fraude de la historia

Las autoridades de Reino Unido han llevado a cabo la primera incautación de tókenes no fungibles por fraude de la historia, al menos que haya trascendido públicamente. Los funcionarios del departamento de Rentas y Aduanas requisaron tres NFT propiedad de tres personas acusadas de defraudar 1,4 millones de libras, según informa la BBC.

Al parecer, los sospechosos participaron en una compleja trama mediante unas 250 empresas falsas para evadir el IVA que les correspondía pagar al fisco británico. La cantidad defraudada a las arcas del Reino Unido sería la de 1,4 millones de libras (aproximadamente 1,7 millones de euros). Al recabar todos los datos necesario para acometer acciones legales, el Rentas y Aduanas obtuvo una orden judicial para confiscar activos digitales por valor de 5.000 libras y los tres NFT de obras de arte digital propiedad de los sospechosos.

Aunque aún no se conocen más detalles sobre el caso, la incautación de NFT en un proceso judicial es un claro indicativo de que las autoridades de los diferentes países cada vez se toman más en serio estos activos digitales. De hecho, el director adjunto de Rentas y Aduanas señaló tras la requisa que esta era una advertencia para todos aquellos que quisiesen ocultar dinero ilícito con la compra de activos digitales: “"Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de estar al día con la forma en que los delincuentes y evasores buscan ocultar sus activos”.

Así, los sospechosos habrían utilizado el dinero defraudado para comprar los NFT de obras de arte digital con el objetivo de blanquear el dinero y cerrar así el entramado que habían construido para ocultar sus actividades ilícitas, y que también implicó el uso de identidades falsas y robadas y facturas y empresas falsas.

La incautación por parte del Estado británico de estos NFT se une a otras acciones estatales que han tenido lugar en las últimas semanas relacionadas con activos digitales, desde el férreo control de China hasta las regulaciones de Rusia o distintos países de la Unión Europea, pasando por los planes para el euro digital, que indican los tókenes no fungibles y las criptodivisas cada vez ocupan más espacio en los planes de los distintos gobiernos.

Asimismo, también pone de relieve que los delincuentes tratan de aprovechar su falta de regulación, por el momento, para fines ilícitos.

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Las autoridades de Reino Unido han llevado a cabo la primera incautación de tókenes no fungibles por fraude de la historia, al menos que haya trascendido públicamente. Los funcionarios del departamento de Rentas y Aduanas requisaron tres NFT propiedad de tres personas acusadas de defraudar 1,4 millones de libras, según informa la BBC.

Al parecer, los sospechosos participaron en una compleja trama mediante unas 250 empresas falsas para evadir el IVA que les correspondía pagar al fisco británico. La cantidad defraudada a las arcas del Reino Unido sería la de 1,4 millones de libras (aproximadamente 1,7 millones de euros). Al recabar todos los datos necesario para acometer acciones legales, el Rentas y Aduanas obtuvo una orden judicial para confiscar activos digitales por valor de 5.000 libras y los tres NFT de obras de arte digital propiedad de los sospechosos.

Aunque aún no se conocen más detalles sobre el caso, la incautación de NFT en un proceso judicial es un claro indicativo de que las autoridades de los diferentes países cada vez se toman más en serio estos activos digitales. De hecho, el director adjunto de Rentas y Aduanas señaló tras la requisa que esta era una advertencia para todos aquellos que quisiesen ocultar dinero ilícito con la compra de activos digitales: “"Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de estar al día con la forma en que los delincuentes y evasores buscan ocultar sus activos”.

Así, los sospechosos habrían utilizado el dinero defraudado para comprar los NFT de obras de arte digital con el objetivo de blanquear el dinero y cerrar así el entramado que habían construido para ocultar sus actividades ilícitas, y que también implicó el uso de identidades falsas y robadas y facturas y empresas falsas.

La incautación por parte del Estado británico de estos NFT se une a otras acciones estatales que han tenido lugar en las últimas semanas relacionadas con activos digitales, desde el férreo control de China hasta las regulaciones de Rusia o distintos países de la Unión Europea, pasando por los planes para el euro digital, que indican los tókenes no fungibles y las criptodivisas cada vez ocupan más espacio en los planes de los distintos gobiernos.

Asimismo, también pone de relieve que los delincuentes tratan de aprovechar su falta de regulación, por el momento, para fines ilícitos.

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La lucha por el “derecho al cajero”: los mayores piden mínimos obligatorios, la banca se abre a voluntarios

La lucha por el

Carlos San Juan ya ha recorrido la mitad de camino: se ha hecho oír. Este jubilado de 78 años lanzó hace apenas dos meses una petición en Change.org reclamando un trato más humano y cercano por parte de las entidades bancarias para las personas mayores, y en este tiempo ha conseguido sumar más de 600.000 firmas y ha logrado poner sobre la mesa el debate. Tanto es así que fue recibido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la propia ministra Nadia Calviño se acercó a él en la calle cuando atendía a los medios.

Ahora, sin embargo, queda la otra mitad del camino: que todas las promesas y buenas intenciones de Gobierno y sector bancario se transformen en medidas tangibles que realmente solucionen el problema al que muchos mayores se enfrentan con los bancos. Una senda que, previsiblemente, va a llevar al choque entre la banca, que propone una serie de acciones voluntarias, y los usuarios, que quieren que el Gobierno cree un protocolo de obligado cumplimiento por ley, una suerte de “derecho al cajero” que garantice que las entidades eliminan las trabas tecnológicas en la atención bancaria para los mayores.

Lo que propone la banca. Ante la presión mediática y la petición de la ministra Calviño, el sector bancario remitió la semana pasada un documento al Gobierno en el que proponía un protocolo para mejorar la atención a los mayores. Respuesta rápida y precisa, aunque con un hándicap importante, todas las medidas recogidas en el texto serán voluntarias, sin carácter vinculante alguno.

Entre las medidas voluntarias que proponen los bancos se encuentran las de ampliar los horarios de atención a los clientes en caja, dar prioridad a la atención de los mayores en horario de alta afluencia, crear una figura específica en las sucursales para atender a estos usuarios, una atención telefónica más eficiente y preferente, hacer las aplicaciones y los cajeros más intuitivos y visuales, y organizar talleres y seminarios para mejorar las competencias digitales de los mayores.

Competencia por los mayores. Las principales patronales del sector bancario (Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) defienden que el carácter voluntario de estas medidas hará que los distintos bancos compitan entre ellos por este segmento de clientes. Así, estiman que al ser sólo orientativas, ayudarán a que las entidades sean creativas e impulsen otras iniciativas que diferencien su oferta de las de sus competidores, lo que beneficiará a los usuarios. También subrayan que no se puede obligar a todas las empresas a lo mismo, porque cada una tiene sus particularidades.

En este sentido, algunos bancos ya han tomado medidas antes de que el Gobierno se pronuncie sobre el protocolo que le ha enviado el sector en conjunto. El Banco Santander, Abanca y el BBVA han anunciado que ampliarán el horario de su servicio de atención en ventanilla hasta las 14 horas. Hasta ahora era sólo hasta las 11 de la mañana. Eso sí, la entidad vasca ha subrayado que sólo lo hará en 630 de sus 1.895 oficinas, aquellas en las que ha detectado que es necesario actuar.

Los usuarios no lo ven claro. Los clientes, sin embargo, recelan de la propuesta del sector bancario precisamente por la voluntariedad de las medidas. Consideran que si se deja elegir a las entidades la adopción de esta medida, la situación de desamparo en la que se encuentran los mayores no cambiará sustancialmente en muchas zonas de España.

Así, Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido al Gobierno que dé a esas medidas el rango de obligación legal para segurar que efectivamente se cumplen. “Instamos al Gobierno a que escale el grado de la iniciativa, puesto que, de lo contrario, este movimiento a favor de aplicar mejoras se convertirá en un mero voluntarismo por parte de las entidades”, señalan en un comunicado.

La rentabilidad. La reclamación de Carlos San Juan no es nueva, aunque es la que ha sonado con más fuerza en los últimos años. Son muchas las voces que se han quejado en la última década del progresivo cierre de sucursales bancarias (unas 13.000 desde 2008) que han dejado a muchas poblaciones sin acceso a dinero efectivo ni atención al cliente en persona. El motivo que han alegado los bancos en todo este tiempo es que no les resulta rentable mantener abiertas oficinas o cajeros en determinados lugares como la España Vaciada.

De hecho, hace tan sólo unos meses la consultora inmobiliaria CBRE presentó un informe en el que recogía que el 88% de las entidades financieras de España tenían la intención de seguir reduciendo sucursales para “ganar competitividad y reducir costes”. Asimismo, el documento también señalaba que los bancos pretenden seguir reduciendo sus plantillas en los próximos años.

Los cierres y los despidos seguirán. En esta línea, El País informaba hace unos días de que, a pesar del documento enviado a la Moncloa, los bancos no van a alterar su plan de seguir cerrando sucursales y reduciendo sus plantillas. Por lo tanto, no queda del todo claro cómo van a acometer las medidas que proponen, para las que sería necesario contar con más empleados y sucursales.

Estas contradicciones son las que no acaban de convencer a los usuarios de la banca, que ven de forma positiva la rápida reacción del sector al enviar el protocolo para mejorar la atención a personas mayores, pero desconfían de una voluntariedad que podría dejar en meras buenas intenciones todo lo recogido en el documento.

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La noticia La lucha por el "derecho al cajero": los mayores piden mínimos obligatorios, la banca se abre a voluntarios fue publicada originalmente en Xataka por Pablo Rodríguez .

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La lucha por el “derecho al cajero”: los mayores piden mínimos obligatorios, la banca se abre a voluntarios

La lucha por el

Carlos San Juan ya ha recorrido la mitad de camino: se ha hecho oír. Este jubilado de 78 años lanzó hace apenas dos meses una petición en Change.org reclamando un trato más humano y cercano por parte de las entidades bancarias para las personas mayores, y en este tiempo ha conseguido sumar más de 600.000 firmas y ha logrado poner sobre la mesa el debate. Tanto es así que fue recibido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la propia ministra Nadia Calviño se acercó a él en la calle cuando atendía a los medios.

Ahora, sin embargo, queda la otra mitad del camino: que todas las promesas y buenas intenciones de Gobierno y sector bancario se transformen en medidas tangibles que realmente solucionen el problema al que muchos mayores se enfrentan con los bancos. Una senda que, previsiblemente, va a llevar al choque entre la banca, que propone una serie de acciones voluntarias, y los usuarios, que quieren que el Gobierno cree un protocolo de obligado cumplimiento por ley, una suerte de “derecho al cajero” que garantice que las entidades eliminan las trabas tecnológicas en la atención bancaria para los mayores.

Lo que propone la banca. Ante la presión mediática y la petición de la ministra Calviño, el sector bancario remitió la semana pasada un documento al Gobierno en el que proponía un protocolo para mejorar la atención a los mayores. Respuesta rápida y precisa, aunque con un hándicap importante, todas las medidas recogidas en el texto serán voluntarias, sin carácter vinculante alguno.

Entre las medidas voluntarias que proponen los bancos se encuentran las de ampliar los horarios de atención a los clientes en caja, dar prioridad a la atención de los mayores en horario de alta afluencia, crear una figura específica en las sucursales para atender a estos usuarios, una atención telefónica más eficiente y preferente, hacer las aplicaciones y los cajeros más intuitivos y visuales, y organizar talleres y seminarios para mejorar las competencias digitales de los mayores.

Competencia por los mayores. Las principales patronales del sector bancario (Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) defienden que el carácter voluntario de estas medidas hará que los distintos bancos compitan entre ellos por este segmento de clientes. Así, estiman que al ser sólo orientativas, ayudarán a que las entidades sean creativas e impulsen otras iniciativas que diferencien su oferta de las de sus competidores, lo que beneficiará a los usuarios. También subrayan que no se puede obligar a todas las empresas a lo mismo, porque cada una tiene sus particularidades.

En este sentido, algunos bancos ya han tomado medidas antes de que el Gobierno se pronuncie sobre el protocolo que le ha enviado el sector en conjunto. El Banco Santander, Abanca y el BBVA han anunciado que ampliarán el horario de su servicio de atención en ventanilla hasta las 14 horas. Hasta ahora era sólo hasta las 11 de la mañana. Eso sí, la entidad vasca ha subrayado que sólo lo hará en 630 de sus 1.895 oficinas, aquellas en las que ha detectado que es necesario actuar.

Los usuarios no lo ven claro. Los clientes, sin embargo, recelan de la propuesta del sector bancario precisamente por la voluntariedad de las medidas. Consideran que si se deja elegir a las entidades la adopción de esta medida, la situación de desamparo en la que se encuentran los mayores no cambiará sustancialmente en muchas zonas de España.

Así, Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido al Gobierno que dé a esas medidas el rango de obligación legal para segurar que efectivamente se cumplen. “Instamos al Gobierno a que escale el grado de la iniciativa, puesto que, de lo contrario, este movimiento a favor de aplicar mejoras se convertirá en un mero voluntarismo por parte de las entidades”, señalan en un comunicado.

La rentabilidad. La reclamación de Carlos San Juan no es nueva, aunque es la que ha sonado con más fuerza en los últimos años. Son muchas las voces que se han quejado en la última década del progresivo cierre de sucursales bancarias (unas 13.000 desde 2008) que han dejado a muchas poblaciones sin acceso a dinero efectivo ni atención al cliente en persona. El motivo que han alegado los bancos en todo este tiempo es que no les resulta rentable mantener abiertas oficinas o cajeros en determinados lugares como la España Vaciada.

De hecho, hace tan sólo unos meses la consultora inmobiliaria CBRE presentó un informe en el que recogía que el 88% de las entidades financieras de España tenían la intención de seguir reduciendo sucursales para “ganar competitividad y reducir costes”. Asimismo, el documento también señalaba que los bancos pretenden seguir reduciendo sus plantillas en los próximos años.

Los cierres y los despidos seguirán. En esta línea, El País informaba hace unos días de que, a pesar del documento enviado a la Moncloa, los bancos no van a alterar su plan de seguir cerrando sucursales y reduciendo sus plantillas. Por lo tanto, no queda del todo claro cómo van a acometer las medidas que proponen, para las que sería necesario contar con más empleados y sucursales.

Estas contradicciones son las que no acaban de convencer a los usuarios de la banca, que ven de forma positiva la rápida reacción del sector al enviar el protocolo para mejorar la atención a personas mayores, pero desconfían de una voluntariedad que podría dejar en meras buenas intenciones todo lo recogido en el documento.

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La lucha por el

Carlos San Juan ya ha recorrido la mitad de camino: se ha hecho oír. Este jubilado de 78 años lanzó hace apenas dos meses una petición en Change.org reclamando un trato más humano y cercano por parte de las entidades bancarias para las personas mayores, y en este tiempo ha conseguido sumar más de 600.000 firmas y ha logrado poner sobre la mesa el debate. Tanto es así que fue recibido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y la propia ministra Nadia Calviño se acercó a él en la calle cuando atendía a los medios.

Ahora, sin embargo, queda la otra mitad del camino: que todas las promesas y buenas intenciones de Gobierno y sector bancario se transformen en medidas tangibles que realmente solucionen el problema al que muchos mayores se enfrentan con los bancos. Una senda que, previsiblemente, va a llevar al choque entre la banca, que propone una serie de acciones voluntarias, y los usuarios, que quieren que el Gobierno cree un protocolo de obligado cumplimiento por ley, una suerte de “derecho al cajero” que garantice que las entidades eliminan las trabas tecnológicas en la atención bancaria para los mayores.

Lo que propone la banca. Ante la presión mediática y la petición de la ministra Calviño, el sector bancario remitió la semana pasada un documento al Gobierno en el que proponía un protocolo para mejorar la atención a los mayores. Respuesta rápida y precisa, aunque con un hándicap importante, todas las medidas recogidas en el texto serán voluntarias, sin carácter vinculante alguno.

Entre las medidas voluntarias que proponen los bancos se encuentran las de ampliar los horarios de atención a los clientes en caja, dar prioridad a la atención de los mayores en horario de alta afluencia, crear una figura específica en las sucursales para atender a estos usuarios, una atención telefónica más eficiente y preferente, hacer las aplicaciones y los cajeros más intuitivos y visuales, y organizar talleres y seminarios para mejorar las competencias digitales de los mayores.

Competencia por los mayores. Las principales patronales del sector bancario (Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito) defienden que el carácter voluntario de estas medidas hará que los distintos bancos compitan entre ellos por este segmento de clientes. Así, estiman que al ser sólo orientativas, ayudarán a que las entidades sean creativas e impulsen otras iniciativas que diferencien su oferta de las de sus competidores, lo que beneficiará a los usuarios. También subrayan que no se puede obligar a todas las empresas a lo mismo, porque cada una tiene sus particularidades.

En este sentido, algunos bancos ya han tomado medidas antes de que el Gobierno se pronuncie sobre el protocolo que le ha enviado el sector en conjunto. El Banco Santander, Abanca y el BBVA han anunciado que ampliarán el horario de su servicio de atención en ventanilla hasta las 14 horas. Hasta ahora era sólo hasta las 11 de la mañana. Eso sí, la entidad vasca ha subrayado que sólo lo hará en 630 de sus 1.895 oficinas, aquellas en las que ha detectado que es necesario actuar.

Los usuarios no lo ven claro. Los clientes, sin embargo, recelan de la propuesta del sector bancario precisamente por la voluntariedad de las medidas. Consideran que si se deja elegir a las entidades la adopción de esta medida, la situación de desamparo en la que se encuentran los mayores no cambiará sustancialmente en muchas zonas de España.

Así, Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha pedido al Gobierno que dé a esas medidas el rango de obligación legal para segurar que efectivamente se cumplen. “Instamos al Gobierno a que escale el grado de la iniciativa, puesto que, de lo contrario, este movimiento a favor de aplicar mejoras se convertirá en un mero voluntarismo por parte de las entidades”, señalan en un comunicado.

La rentabilidad. La reclamación de Carlos San Juan no es nueva, aunque es la que ha sonado con más fuerza en los últimos años. Son muchas las voces que se han quejado en la última década del progresivo cierre de sucursales bancarias (unas 13.000 desde 2008) que han dejado a muchas poblaciones sin acceso a dinero efectivo ni atención al cliente en persona. El motivo que han alegado los bancos en todo este tiempo es que no les resulta rentable mantener abiertas oficinas o cajeros en determinados lugares como la España Vaciada.

De hecho, hace tan sólo unos meses la consultora inmobiliaria CBRE presentó un informe en el que recogía que el 88% de las entidades financieras de España tenían la intención de seguir reduciendo sucursales para “ganar competitividad y reducir costes”. Asimismo, el documento también señalaba que los bancos pretenden seguir reduciendo sus plantillas en los próximos años.

Los cierres y los despidos seguirán. En esta línea, El País informaba hace unos días de que, a pesar del documento enviado a la Moncloa, los bancos no van a alterar su plan de seguir cerrando sucursales y reduciendo sus plantillas. Por lo tanto, no queda del todo claro cómo van a acometer las medidas que proponen, para las que sería necesario contar con más empleados y sucursales.

Estas contradicciones son las que no acaban de convencer a los usuarios de la banca, que ven de forma positiva la rápida reacción del sector al enviar el protocolo para mejorar la atención a personas mayores, pero desconfían de una voluntariedad que podría dejar en meras buenas intenciones todo lo recogido en el documento.

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Nueva York ya ha eliminado las mascarillas en interiores. Es cuestión de tiempo que todos vayamos detrás

Nueva York ya ha eliminado las mascarillas en interiores. Es cuestión de tiempo que todos vayamos detrás

El principio del fin de la mascarilla en interiores ha comenzado en Estados Unidos. El estado de Nueva York ha decretado que deje de ser obligatoria desde el 10 de febrero en comercios, restaurantes y empresas de todo tipo, aunque seguirá siendo preciso llevarlas en centros escolares, residencias de ancianos, centros sociales, cárceles y transporte público, según informa The New York Times. Otros estados como California, Oregón, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware o Massachussetts han hecho anuncios parecidos.

Mejora y hartazgo. La gobernadora del estado de Nueva York ha justificado esta medida por la mejora de la situación epidemiológica, con cada vez menos casos en la región, y la extensión de la vacunación. Pero es, además, una decisión con una importante carga política, ya que la regla que la impuso provocó enfrentamientos entre quienes estaban a favor y los que pensaban que restringía sus libertades, por lo que retirar su obligatoriedad contribuirá a reducir la presión sobre el gobierno estatal. También ha pesado el creciente hartazgo de los estadounidenses con las medidas para evitar el contagio de la pandemia.

Fatiga pandémica. Y es que la decisión de revocar la obligatoriedad de la mascarilla en interiores algunos de los estados de Estados Unidos coincide con un momento de especial efervescencia de los movimientos contrarios a las medidas para contener la pandemia.

Tal y como contamos en Xataka, las protestas contras las restricciones derivadas del coronavirus son cada vez más violentas y muestran un mayor grado de organización. Hasta tal punto que en algunos países como Alemania o Austria han entrado de lleno en la escena política de la mano de partidos que defienden su abolición. De este modo, la presión de la calle, sumada a la reducción de los casos y la extensión de la vacunación, podría hacer que algunas medidas como ésta se vayan eliminando progresivamente en otros puntos del mundo siguiendo el ejemplo de los norteamericanos.

Evidencia científica. A diferencia de lo que ocurre con el uso de la mascarilla en exteriores, existe bastante consenso entre los científicos sobre que su utilización en interiores es una medida eficaz para evitar contagios, en especial en lugares pequeños y mal ventilados.

Sin embargo, en Estados Unidos muchos ciudadanos y algunos políticos llevan ya varias semanas defendiendo que se dejen de usar en lugares como restaurantes o tiendas, ya que consideran que la extensión de la inmunidad gracias al avance de la vacunación y el descenso de los contagios justifica que se empiecen a dar pasos decididos hacia la normalidad.

Qué dicen los expertos. Debido a que en interiores sí consideran que la mascarilla es una herramienta eficaz para prevenir el contagio, la comunidad científica se ha mostrado prudente a la hora de hablar de un posible fin de su utilización obligatoria en recintos cerrados, y no ha querido dar plazos.

Francisco Jiménez, director del Instituto Balmis, sí dijo recientemente en Telecinco que la mascarilla en interiores no será necesaria cuando deje de haber transmisión comunitaria, algo que todavía parece lejano en nuestro país. Y Fernando Simón ya comentó que la mascarilla se usaba como método de prevención porque no sabemos quién está contagiado hasta que han pasado algunos días, pero que en realidad sólo sería necesaria para las personas que tienen el virus. Por lo tanto, cuanto más se reduzca el número de contagiados, menos sentido tendrá que se siga utilizando.

España, a otro ritmo. El fin de la mascarilla en interiores en nuestro país, en cambio, todavía parece lejano. Aquí acabamos de dejar de usarla en exteriores aún cuando no existe evidencia científica sobre su eficacia en espacios abiertos, por lo que es complicado pensar que se vaya a dar el paso de eliminarla en interiores pronto.

Además, como ya explicamos en Xataka, en nuestro país no existe la presión social que se da en otros lugares contra las restricciones de la pandemia, e incluso muchos españoles consideran que las medidas del Gobierno para contener al virus en picos de contagios son más bien laxas, de acuerdo con los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Europa. En Europa, en general, la política con las mascarillas es similar a la que está siguiendo España. Italia, Francia o Bélgica también establecieron el uso de este artículo sanitario en exteriores durante diciembre y enero, y acaban de retirar su obligatoriedad en espacios abiertos, aunque la mantienen en interiores. En Alemania también sigue siendo obligatoria en espacios cerrados.

De todos esos países, sólo Francia ha establecido una fecha oficial para el fin de las mascarillas en interiores. Será a partir del 28 de febrero, según acaba de anunciar, en espacios donde se exija el certificado covid y la persona lo tenga en regla. En el transporte público, no obstante, seguirá siendo obligatoria.

Reino Unido también ha eliminado la obligatoriedad de usarla en muchos espacios públicos, incluidos interiores, aunque recomienda que se sigan usando en espacios cerrados o privados donde los ciudadanos se mezclen con otras personas que no conozcan. En Gran Bretaña sólo es obligatorio seguir llevándolas en espacios sanitarios, como hospitales o residencias, y en el transporte público. Las empresas de atención al público tienen la potestad para decidir si piden o no el uso de mascarilla en sus establecimientos.

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