Autor: Carlos Prego

Lo llaman el basurazoy, guste más o menos, lo innegable es que el palabro resume bien la sorpresa con la que se han encontrado miles de hogares españoles al revisar sus cuentas: de repente sus ayuntamientos han empezado a cobrarles sumas más que considerables por la recogida de basuras o han disparado sus tasas (en algún caso pasando de 67 a 126 euros), lo que incluso se deja sentir ya en el IPC. 

En realidad tiene poco de inesperado, si se tiene en cuenta que es algo que se ve venir (al menos) desde 2022. Lo que sí hay detrás es debate... y dudas.

¿Qué ha pasado? Que España ha visto cómo la basura se convertía en una enorme patata caliente política. Y con razón, si tenemos en cuenta que miles de hogares repartidos a lo largo y ancho del país se han encontrado con que la factura que les pasa su ayuntamiento para financiar la recogida de residuos se ha disparado. En algunas ciudades incluso se ha 'creado' una nueva tasa.

La subida ha sido tan contundente que se refleja ya con claridad en el IPC y en algunos municipios ha provocado acaloradas protestas. El mejor ejemplo lo dejaba el lunes Cangas (Pontevedra), donde un millar de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento para protestar contra lo que ya se ha bautizado (allí y en el resto del país) como basurazo. El enfado vecinal escaló hasta tal nivel en el municipio que a los concejales no les quedó otra que salir escoltados por la policía.

¿Pero por qué se encarece la tasa? Por el BOE. Para entenderlo hay que remontarse a la Ley 7/2022 . Entre otras cuestiones, la norma establece que los ayuntamientos de España deben dotarse de "una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistema de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento".

La redacción es algo confusa, pero como mínimo deja dos ideas deja claras. Primero, que los ayuntamientos tienen que cobrar una factura específica centrada en la basura. Segundo, que debe imperar la máxima de 'quien contamina paga', con una tasa que cubra "el coste real, directo e indirecto" del servicio de recogida. 

No es un matiz menor si se tiene en cuenta que en muchos ayuntamientos el servicio era deficitario y se compensaba vía impuestos. La Mancomunidad de O Morrazo, por ejemplo (la que sufrió las protestas del lunes) maneja un informe que revela que su servicio soportaba un déficit de unos dos millones de euros.

¿Por qué es noticia ahora? Porque la Ley 7/2022 incluía otra indicación más: daba a los ayuntamientos un máximo de tres años para cumplir esa exigencia, un plazo que finalizó a comienzos de abril. Desde entonces los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados a ajustarse a la norma. Algunos, como Barcelona, llevan años preparando el terreno para suavizar el golpe; pero otros han esperado hasta casi el final. La mayoría de consistorios han optado de hecho por arrastras los pies y algunos aún no se han ajustado, como ocurre en Málaga o Baleares.

Donde sí se ha dejado notar el cambio es en Madrid. Allí el impacto ha sido especialmente notable porque en 2015 la entonces alcaldesa (Ana Botella) decidió "eliminar" la tasa de basuras en aras de una "menor presión fiscal para el bolsillo del ciudadano". Tras años con el importe incluido dentro del IBI, los vecinos de la capital se han encontrado con una Tasa de Gestión de Residuos que, según los cálculos publicados por propio Consistorio en octubre, tendrá un coste medio de 141 euros para las viviendas y 310 para los inmuebles comerciales.

En Xataka

Tras el fracaso del contenedor amarillo, el Gobierno ha llegado a una conclusión: es hora de las botellas retornables

¿Tanto afecta a los bolsillos? La mejor forma de responder esa pregunta es echar mano del INE. Sus últimos cálculos sobre el IPC, correspondientes al mes de septiembre, muestran una subida interanual del 30,3% en la recogida de basura, la mayor (con diferencia) de una serie histórica que se remonta a 2008. 

El dato supera con creces al índice general (3%) y de hecho ha influido en su tendencia alcista. Es un matiz importante porque, aunque el plazo fijado en la ley de 2022 ya finalizó, sus pautas no se han aplicado en todas las ciudades del país. Cuando eso ocurra no es descabellado pensar que ese 30,3% será aún mayor.

¿Por qué tanta polémica? Si el basurazo ha levantado semejante revuelo político no es solo por el coste que implica para los vecinos y negocios. El debate ha girado en torno a cuestiones más formales pero igual de importantes: ¿Quién es el responsable último de las subidas? ¿Son los ayuntamientos con las fórmulas que aplican al calcularlo, lo es el Gobierno por impulsar la norma de 2022 o lo es Bruselas, a través de las directivas comunitarias que cita la propia ley? 

Algunos ayuntamientos, como Alcobendas, ya ha lanzado comunicados para informar a sus vecinos que aplican los nuevos recibos de la basura "obligados".

Lo cierto es que meses antes de que expirase el plazo fijado por la ley, en octubre, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya exigió al Gobierno que revisase una ley que, en su opinión, resulta "complicada de entender y aplicar" y se salta la autonomía municipal. En concreto pedían al Gobierno de Sánchez "una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local" y garantice al mismo tiempo los objetivos marcados por Bruselas.

¿Es eso importante? Sí. Y por varias razonas. La primera porque uno de los temas que más debate está suscitando sobre el basurazo son las diferencias entre ciudades y los riesgos que eso implica. "Se puede aplicar en función del domicilio, del número de personas que residen en la vivienda, el valor catastral… Hay muchas posibilidades y sin una guía podemos acabar con más de 8.000 tasas de basura distintas, lo que segura va a generar recursos e incluso criterios diferentes en los tribunales hasta que el Supremo unifique doctrina", explicaba ya el pasado diciembre a ABC la Asociación de Inspectores de Hacienda Local.

Otra de las claves que deja botando el comunicado de la FEMP son los objetivos marcados por Bruselas. O dicho de otro modo, ¿qué pide y hasta dónde llegan las directivas comunitarias sobre la materia? El PP ya ha recordado al Gobierno que las pautas europeas establecen "objetivos a cumplir para reducir la generación de residuos y aumentar la reutilización y reciclaje", pero deja en el tejado de cada Ejecutivo "elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos".

Imágenes | Ayuntamiento de Madrid

En Xataka | El "turismo de basura" llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero

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La noticia La tasa de basuras se ha convertido en la gran patata caliente de la política española. En realidad tiene poco de inesperado fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Lo llaman el basurazoy, guste más o menos, lo innegable es que el palabro resume bien la sorpresa con la que se han encontrado miles de hogares españoles al revisar sus cuentas: de repente sus ayuntamientos han empezado a cobrarles sumas más que considerables por la recogida de basuras o han disparado sus tasas (en algún caso pasando de 67 a 126 euros), lo que incluso se deja sentir ya en el IPC. 

En realidad tiene poco de inesperado, si se tiene en cuenta que es algo que se ve venir (al menos) desde 2022. Lo que sí hay detrás es debate... y dudas.

¿Qué ha pasado? Que España ha visto cómo la basura se convertía en una enorme patata caliente política. Y con razón, si tenemos en cuenta que miles de hogares repartidos a lo largo y ancho del país se han encontrado con que la factura que les pasa su ayuntamiento para financiar la recogida de residuos se ha disparado. En algunas ciudades incluso se ha 'creado' una nueva tasa.

La subida ha sido tan contundente que se refleja ya con claridad en el IPC y en algunos municipios ha provocado acaloradas protestas. El mejor ejemplo lo dejaba el lunes Cangas (Pontevedra), donde un millar de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento para protestar contra lo que ya se ha bautizado (allí y en el resto del país) como basurazo. El enfado vecinal escaló hasta tal nivel en el municipio que a los concejales no les quedó otra que salir escoltados por la policía.

¿Pero por qué se encarece la tasa? Por el BOE. Para entenderlo hay que remontarse a la Ley 7/2022 . Entre otras cuestiones, la norma establece que los ayuntamientos de España deben dotarse de "una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria que permita implantar sistema de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento".

La redacción es algo confusa, pero como mínimo deja dos ideas deja claras. Primero, que los ayuntamientos tienen que cobrar una factura específica centrada en la basura. Segundo, que debe imperar la máxima de 'quien contamina paga', con una tasa que cubra "el coste real, directo e indirecto" del servicio de recogida. 

No es un matiz menor si se tiene en cuenta que en muchos ayuntamientos el servicio era deficitario y se compensaba vía impuestos. La Mancomunidad de O Morrazo, por ejemplo (la que sufrió las protestas del lunes) maneja un informe que revela que su servicio soportaba un déficit de unos dos millones de euros.

¿Por qué es noticia ahora? Porque la Ley 7/2022 incluía otra indicación más: daba a los ayuntamientos un máximo de tres años para cumplir esa exigencia, un plazo que finalizó a comienzos de abril. Desde entonces los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados a ajustarse a la norma. Algunos, como Barcelona, llevan años preparando el terreno para suavizar el golpe; pero otros han esperado hasta casi el final. La mayoría de consistorios han optado de hecho por arrastras los pies y algunos aún no se han ajustado, como ocurre en Málaga o Baleares.

Donde sí se ha dejado notar el cambio es en Madrid. Allí el impacto ha sido especialmente notable porque en 2015 la entonces alcaldesa (Ana Botella) decidió "eliminar" la tasa de basuras en aras de una "menor presión fiscal para el bolsillo del ciudadano". Tras años con el importe incluido dentro del IBI, los vecinos de la capital se han encontrado con una Tasa de Gestión de Residuos que, según los cálculos publicados por propio Consistorio en octubre, tendrá un coste medio de 141 euros para las viviendas y 310 para los inmuebles comerciales.

En Xataka

Tras el fracaso del contenedor amarillo, el Gobierno ha llegado a una conclusión: es hora de las botellas retornables

¿Tanto afecta a los bolsillos? La mejor forma de responder esa pregunta es echar mano del INE. Sus últimos cálculos sobre el IPC, correspondientes al mes de septiembre, muestran una subida interanual del 30,3% en la recogida de basura, la mayor (con diferencia) de una serie histórica que se remonta a 2008. 

El dato supera con creces al índice general (3%) y de hecho ha influido en su tendencia alcista. Es un matiz importante porque, aunque el plazo fijado en la ley de 2022 ya finalizó, sus pautas no se han aplicado en todas las ciudades del país. Cuando eso ocurra no es descabellado pensar que ese 30,3% será aún mayor.

¿Por qué tanta polémica? Si el basurazo ha levantado semejante revuelo político no es solo por el coste que implica para los vecinos y negocios. El debate ha girado en torno a cuestiones más formales pero igual de importantes: ¿Quién es el responsable último de las subidas? ¿Son los ayuntamientos con las fórmulas que aplican al calcularlo, lo es el Gobierno por impulsar la norma de 2022 o lo es Bruselas, a través de las directivas comunitarias que cita la propia ley? 

Algunos ayuntamientos, como Alcobendas, ya ha lanzado comunicados para informar a sus vecinos que aplican los nuevos recibos de la basura "obligados".

Lo cierto es que meses antes de que expirase el plazo fijado por la ley, en octubre, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya exigió al Gobierno que revisase una ley que, en su opinión, resulta "complicada de entender y aplicar" y se salta la autonomía municipal. En concreto pedían al Gobierno de Sánchez "una regulación mucho más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local" y garantice al mismo tiempo los objetivos marcados por Bruselas.

¿Es eso importante? Sí. Y por varias razonas. La primera porque uno de los temas que más debate está suscitando sobre el basurazo son las diferencias entre ciudades y los riesgos que eso implica. "Se puede aplicar en función del domicilio, del número de personas que residen en la vivienda, el valor catastral… Hay muchas posibilidades y sin una guía podemos acabar con más de 8.000 tasas de basura distintas, lo que segura va a generar recursos e incluso criterios diferentes en los tribunales hasta que el Supremo unifique doctrina", explicaba ya el pasado diciembre a ABC la Asociación de Inspectores de Hacienda Local.

Otra de las claves que deja botando el comunicado de la FEMP son los objetivos marcados por Bruselas. O dicho de otro modo, ¿qué pide y hasta dónde llegan las directivas comunitarias sobre la materia? El PP ya ha recordado al Gobierno que las pautas europeas establecen "objetivos a cumplir para reducir la generación de residuos y aumentar la reutilización y reciclaje", pero deja en el tejado de cada Ejecutivo "elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos".

Imágenes | Ayuntamiento de Madrid

En Xataka | El "turismo de basura" llega a España: cuando el pueblo de al lado es tu vertedero

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La noticia La tasa de basuras se ha convertido en la gran patata caliente de la política española. En realidad tiene poco de inesperado fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Cada año cientos, miles, decenas de miles de turistas británicos viajan a las Canarias para disfrutar de unas vacaciones relajantes en sus playas. No fue el caso de Robert Marshall. De su visita a Tenerife él se volvió con una experiencia mucho menos agradable, la "horrible" sensación que tuvo cuando se sentó tras el volante de un coche y quiso circular por la isla sin estar habituado a sus señales, sus carreteras o algo tan 'simple' como conducir por el lado derecho.

De aquel viaje Marshall se volvió a casa con algo más que el "estrés" de la experiencia: una idea para que a ningún otro turista le ocurriera lo mismo.

Marshall no es político ni experto en movilidad, pero sí sabe de turismo. Al fin y al cabo es el dueño de un hotel situado en las Highlands, las Tierras Altas de Escocia, una región que ha experimentado su particular boom turístico en los últimos años gracias a sus montañas, castillos y costa. Cuando hace un tiempo Marshall viajó a Tenerife y condujo por la isla comprendió mucho mejor las dificultades que los turistas extranjeros se encuentran al circular por las carreteras de su patria.

En Xataka

Dagen Högertrafikomläggningen o cómo todo un país dejó de conducir por la izquierda en cuestión de horas

Al desafío que supone ya de por sí manejar un vehículo nuevo, en un país nuevo, con carreteras, costumbres y puede incluso que normas desconocidas se añade el cambio de lado de la conducción: por la izquierda en Reino Unido, por la derecha en la mayoría de países (incluida España). E su caso el resultado fue una experiencia fue "horrible" y lo dejó "completamente estresado".

"Al llegar a las rotondas, los cruces, nada más empezar el viaje, iba en sentido contrario al que suelo conducir. Todos los mandos y botones estaban en un lugar diferente. No paraba de gritarle a mi pareja: 'Ojalá esta gente supiera que soy un turista'", recuerda. La sensación no era del todo desconocida. Él mismo había visto cómo se estresan los extranjeros cuando tienen que hacer lo contrario y ponerse a los mandos de un coche por las estrechas y sinuosas carreteras de las Highlands.

Para solucionarlo Marshall tuvo una idea: ¿Y si efectivamente los conductores pudieran reconocer a los turistas? ¿Y si existiera una forma sencilla de identificar los coches de los viajeros que no dominan la zona o no están habituados a la forma de conducir de un determinado lugar? ¿Ayudaría a que el resto de vehículos con los que comparte la carretera se mostrasen más comprensibles o incluso más cautos?

Fruto de aquellas reflexiones es la Tourist Plate, una matrícula para turistas. 

La idea es similar a la de la placa que identifica a los chóferes noveles: una señal que advierta al resto de conductores de que quien está al volante no está habituado a la zona, algo que la Tourist Plate consigue con un rectángulo adhesivo diseñado para la parte posterior del coche. Fondo blanco, una gran T verde de "Tourist" y superficie reflectante para garantizar que la placa se ve también de noche.

"Es una idea sencilla, pero ha generado conversación sobre la seguridad vial", celebra Marshall. Y tanto. La propuesta ha despertado el interés de medios como BBC, CNN, The Telegraph o The Times, entre otros. Y aunque a priori las placas no han sido aprobadas por ninguna autoridad, Transport Scotland sugería hace poco a la CNN y BBC que a su entender no hay problema en mostrarlas. 

Los adhesivos se venden por 9,99 libras en la web de Tourist Plate y Marshall asegura que ya tiene pedidos de países como EEUU, Pakistán o India.

Que la idea haya surgido justo en las Highlands no es casualidad. La región está viviendo un particular boom turístico gracias en parte al éxito de la ruta North Coast 500, por donde circulan visitantes que (al igual que le pasaba a Marshall en Tenerife) no están habituados a las carreteras escocesas, viales de un solo carril y la conducción por la izquierda, lo que se ha traducido en una mayor siniestralidad. 

Las cifras oficiales muestran que los accidentes en Escocia causados por conductores que circulan por el lado erróneo se dispararon un 46% en un año: de 24 colisiones achacables a la "inexperiencia al conductor por la izquierda" en 2022 se pasó al año siguiente a 35. El saldo de los últimos años deja también víctimas y accidentes protagonizados por viajeros italianos, alemanes o estadounidenses. 

La policía escocesa ha llegado a trabajar incluso con la embajada de EEUU para concienciar a los turistas sobre la importancia de ser cauteloso al volante. 

Por lo pronto, la Tourist Plate parece haberle funcionado a Laura Hanser, activista de A9 Dual Action Group, un grupo que reclama mejoras para la seguridad vial de la carretera A9. Hace poco Hanser decidió pasar de la teoría a la práctica y probó 'la matrícula para turistas' adhiriéndola la pegatina a su propio coche.

"Conduje por una carretera de un solo carril a 80 km/h. Dejé que diferentes vehículos me alcanzaran. Se notaba claramente que tardaban un par de segundos en darse cuenta y entonces reducían la velocidad al reconocer que llevaba esa placa en el coche", relata Hanser, quien confía en que la pegatina ayude a los  extranjeros a "aclimatarse a su entorno, el coche y el medio en el que se encuentran". 

"La infraestructura de las Highlands están sometidas a una gran presión por la afluencia de turistas. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, prevenir o crear más conciencia solo puede considerarse positivo", concluye.

En Xataka | Ibiza está harta de las mareas de turistas de cada verano. Y ha empezado a limitarlos dejándoles sin coche

Imágenes | Tourist Plate, Robert Bye (Unsplash) y Bo&Ko (Flickr)

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La noticia Escocia se ha cansado de los turistas en sus difíciles carreteras del interior. Así que les ha puesto una placa especial fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Cada año cientos, miles, decenas de miles de turistas británicos viajan a las Canarias para disfrutar de unas vacaciones relajantes en sus playas. No fue el caso de Robert Marshall. De su visita a Tenerife él se volvió con una experiencia mucho menos agradable, la "horrible" sensación que tuvo cuando se sentó tras el volante de un coche y quiso circular por la isla sin estar habituado a sus señales, sus carreteras o algo tan 'simple' como conducir por el lado derecho.

De aquel viaje Marshall se volvió a casa con algo más que el "estrés" de la experiencia: una idea para que a ningún otro turista le ocurriera lo mismo.

Marshall no es político ni experto en movilidad, pero sí sabe de turismo. Al fin y al cabo es el dueño de un hotel situado en las Highlands, las Tierras Altas de Escocia, una región que ha experimentado su particular boom turístico en los últimos años gracias a sus montañas, castillos y costa. Cuando hace un tiempo Marshall viajó a Tenerife y condujo por la isla comprendió mucho mejor las dificultades que los turistas extranjeros se encuentran al circular por las carreteras de su patria.

En Xataka

Dagen Högertrafikomläggningen o cómo todo un país dejó de conducir por la izquierda en cuestión de horas

Al desafío que supone ya de por sí manejar un vehículo nuevo, en un país nuevo, con carreteras, costumbres y puede incluso que normas desconocidas se añade el cambio de lado de la conducción: por la izquierda en Reino Unido, por la derecha en la mayoría de países (incluida España). E su caso el resultado fue una experiencia fue "horrible" y lo dejó "completamente estresado".

"Al llegar a las rotondas, los cruces, nada más empezar el viaje, iba en sentido contrario al que suelo conducir. Todos los mandos y botones estaban en un lugar diferente. No paraba de gritarle a mi pareja: 'Ojalá esta gente supiera que soy un turista'", recuerda. La sensación no era del todo desconocida. Él mismo había visto cómo se estresan los extranjeros cuando tienen que hacer lo contrario y ponerse a los mandos de un coche por las estrechas y sinuosas carreteras de las Highlands.

Para solucionarlo Marshall tuvo una idea: ¿Y si efectivamente los conductores pudieran reconocer a los turistas? ¿Y si existiera una forma sencilla de identificar los coches de los viajeros que no dominan la zona o no están habituados a la forma de conducir de un determinado lugar? ¿Ayudaría a que el resto de vehículos con los que comparte la carretera se mostrasen más comprensibles o incluso más cautos?

Fruto de aquellas reflexiones es la Tourist Plate, una matrícula para turistas. 

La idea es similar a la de la placa que identifica a los chóferes noveles: una señal que advierta al resto de conductores de que quien está al volante no está habituado a la zona, algo que la Tourist Plate consigue con un rectángulo adhesivo diseñado para la parte posterior del coche. Fondo blanco, una gran T verde de "Tourist" y superficie reflectante para garantizar que la placa se ve también de noche.

"Es una idea sencilla, pero ha generado conversación sobre la seguridad vial", celebra Marshall. Y tanto. La propuesta ha despertado el interés de medios como BBC, CNN, The Telegraph o The Times, entre otros. Y aunque a priori las placas no han sido aprobadas por ninguna autoridad, Transport Scotland sugería hace poco a la CNN y BBC que a su entender no hay problema en mostrarlas. 

Los adhesivos se venden por 9,99 libras en la web de Tourist Plate y Marshall asegura que ya tiene pedidos de países como EEUU, Pakistán o India.

Que la idea haya surgido justo en las Highlands no es casualidad. La región está viviendo un particular boom turístico gracias en parte al éxito de la ruta North Coast 500, por donde circulan visitantes que (al igual que le pasaba a Marshall en Tenerife) no están habituados a las carreteras escocesas, viales de un solo carril y la conducción por la izquierda, lo que se ha traducido en una mayor siniestralidad. 

Las cifras oficiales muestran que los accidentes en Escocia causados por conductores que circulan por el lado erróneo se dispararon un 46% en un año: de 24 colisiones achacables a la "inexperiencia al conductor por la izquierda" en 2022 se pasó al año siguiente a 35. El saldo de los últimos años deja también víctimas y accidentes protagonizados por viajeros italianos, alemanes o estadounidenses. 

La policía escocesa ha llegado a trabajar incluso con la embajada de EEUU para concienciar a los turistas sobre la importancia de ser cauteloso al volante. 

Por lo pronto, la Tourist Plate parece haberle funcionado a Laura Hanser, activista de A9 Dual Action Group, un grupo que reclama mejoras para la seguridad vial de la carretera A9. Hace poco Hanser decidió pasar de la teoría a la práctica y probó 'la matrícula para turistas' adhiriéndola la pegatina a su propio coche.

"Conduje por una carretera de un solo carril a 80 km/h. Dejé que diferentes vehículos me alcanzaran. Se notaba claramente que tardaban un par de segundos en darse cuenta y entonces reducían la velocidad al reconocer que llevaba esa placa en el coche", relata Hanser, quien confía en que la pegatina ayude a los  extranjeros a "aclimatarse a su entorno, el coche y el medio en el que se encuentran". 

"La infraestructura de las Highlands están sometidas a una gran presión por la afluencia de turistas. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar, prevenir o crear más conciencia solo puede considerarse positivo", concluye.

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Imágenes | Tourist Plate, Robert Bye (Unsplash) y Bo&Ko (Flickr)

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¿Puede llamarse "hamburguesa" un alimento que no contiene carne? ¿Es una salchicha de tofu realmente una "salchicha"? Cuando un fabricante mantiene esos viejos términos en sus nuevos productos, ¿está engañando a los consumidores o se lo pone más fácil? El debate viene de lejos (de muy lejos), pero parece estar claro para la actual Eurocámara, salida de las urnas en 2024: la comida de origen vegetal es una cosa y los términos asociados a la carne otra, así que mejor separarlos.

Lo que no está tan claro es que pueda zanjar la discusión.

Palabras (y algo más). La industria alimentaria de Europa lleva años enfrascada en un debate que poco tiene que ver con la crianza del ganado, la regulación de la agricultura, la competencia de otros mercados o la salud de los consumidores. Su principal obsesión son las palabras. Literalmente. Si una bebida de avena puede llamarse "leche", unas "salchichas" de tofú deben presentarse como tal o una "hamburguesa" vegana no es más bien un "disco vegetal".

Quizás parezca una cuestión burocrática, pero en juego hay algo más que el lenguaje: el derecho a etiquetar nuevos productos con viejas etiquetas que además son claramente reconocibles por los consumidores. Y eso vale oro cuando se trata de competir en los supermercados. De ahí que el debate sobre las denominaciones (lejos de cesar) acabe de escribir un nuevo e importante capítulo en Estrasburgo.

355 vs 247. Lo que ha hecho el Parlamento Europeo es respaldar con 355 votos a favor (frente 247 en contra y 30 abstenciones) una iniciativa que propone prohibir que términos como "hamburguesa", "escalope", "filete" o "salchicha" se utilicen en alimentos que no contienen nada de carne. Dicho de otro modo, que esas palabras (bien reconocibles por los clientes tras décadas de uso) se queden fuera del alcance de las nuevas compañías que se dedican a comercializar comida plant based.

"Un filete, un escalope o una salchicha son productos de nuestro ganado, no arte de laboratorio ni productos vegetales. Necesitamos transparencia y claridad para el consumidor, así como reconocimiento al trabajo de nuestros agricultores", reclama la eurodiputada Céline Imart, autora de la enmienda a la legislación comunitaria. Imart representa a Francia, el país que de manera más clara está insistiendo en el cambio, y forma parte además del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE). 

Si la propuesto ha logrado el aval de Estrasburgo es precisamente por el respaldo que ha recibido de la derecha tras la presión ejercida por los sectores ganadero y agrícola. En frente se ha encontrado con el rechazo de la izquierda y los Verdes.

¿Y ahora qué? Que la iniciativa haya recibido el aval de la Eurocámara no significa que vayan a desaparecer los paquetes que anuncian hamburguesas a base de tofú y seitán, nuggets vegetales o salchichas de tofú. Para eso es necesario que la propuesta logre el aval de la Comisión Europea y los gobiernos de los 27 países del club comunitario. Será a la Comisión y el Consejo a los que les corresponda ahora negociar la medida y (en su caso) aprobar la iniciativa y plasmarla en la ley.

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Adiós vegetarianos, hola "climarianos" y "reducetarianos": qué proponen las nuevas tendencias en alimentación

No lo tendrá fácil. Y no solo por el rechazo de otras formaciones políticas. El propio Partido Popular Europeo no tiene una postura firme al respecto, como ha dejado claro su líder en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, quien antes de la votación reconoció que no cree que sea un asunto prioritario. "Los consumidores no son tontos cuando van al súper a comprar", recalcó. Que los nuevos alimentos de base vegetal tengan que prescindir de términos como "hamburguesa" o "filete" ha suscitado además la oposición de grandes firmas del sector, como Aldi y Lidl.

En septiembre un grupo de empresas entre las que se incluyen ambas cadenas alemanas, Burger King, Green Force o el productor de salchichas Rügenwalder Múhle (entre otras) lanzaron una carta abierta en la que advierten que el cambio legislativo "va en contra del objetivo de lograr un suministro alimentario resiliente y diversificado", "debilita" los derechos de los clientes y "perjudica a empresas". 

"La propuesta tiene como resultado que a los consumidores les resulte más difícil tomar decisiones informadas. Y es que los términos familiares son ayudas prácticas que permiten tomar decisiones de compra conscientes", concluye la carta.    

(Mucho) más que una votación. Eso no quiere decir que la votación de la Eurocámara sea papel mojado. Como mínimo revela que el debate sigue muy vivo en las instituciones europeas, donde acumula ya una larga crónica legislativa con intentos frustrados, extensas discusiones y medidas que sí han fructificado. 

Entre las últimas se cuenta la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de la UE en 2017 sobre el uso de los términos lácteos para productos de origen vegetal, como las bebidas de soja o avena. El organismo concluyó que solo los productos de origen animal podían usar términos como "leche", "mantequilla" o "yogur".

¿Mejor "discos de verduras"? Desde entonces el debate en torno al uso de términos asociados a la carne ha seguido sobrevolando la UE. Hace cinco años la Eurocámara ya trató una iniciativa similar en el marco de la reforma de la PAC, lo que llevo al sector a temer que las salchichas o hamburguesas vegetales tuviesen que renombrase "tubos o discos de verduras". El cambio de denominaciones no salió adelante en la Cámara, pero sus defensores nunca han arrojado la toalla.

En 2024 la justicia europea tuvo que pronunciarse contra de la decisión de Francia de vetar palabras como "filete" en alimentos vegetales y esta primavera el tema surgió durante la revisión del reglamento la Organización Común de Mercados.

¿Qué pasará a partir de ahora? Por lo pronto Imart y sus partidarios han logrado una victoria significativa en Estrasburgo, propiciada en gran medida por el aval de una Eurocámara más escorada a la derecha que la de hace cinco años. 

Curiosamente la medida parece generar más preocupación en los despachos institucionales y las empresas que en la calle, donde el uso de los términos no le quita el sueño a la gente. Así lo revela una encuesta elaborada hace cinco años por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y que refleja que a la mayoría de usuarios lo que realmente le importa es la claridad en el etiquetado. "Casi el 70% entiende estos nombres siempre que los productos estén claramente etiquetados como veganos o vegetarianos", reivindica la organización.

Imágenes | T.Tseng (Flickr), Louis Hansel (Unsplash)

En Xataka | Las hamburguesas veganas están arrasando. El problema es que no son muy saludables

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La noticia Hay una guerra dentro de la UE: la de si podemos llamar "hamburguesas" a las hamburguesas vegetales (y tiene pinta de durar años) fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Cuando se lanzó, hace más de una década, Bicimad se planteó como un servicio de transporte público con bicis compartidas. Su idea era muy sencilla: ponérselo más fácil (y barato) a los madrileños para que se desplazasen por bici por la ciudad. Con el paso del tiempo su red de vehículos y estaciones ha ido expandiéndose, pero también ha atraído a un nuevo tipo de usuario: riders interesados en sus prestaciones y bajo coste que las alquilan saltándose el reglamento.

Ahora el Ayuntamiento ha dicho basta.

¿Qué ha pasado? Que Madrid se ha cansado de que los riders utilicen durante sus repartos Bicimad, un servicio de alquiler de bicicletas públicas. El mensaje lo ha trasladado con claridad meridiana el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, quien ha recordado que el sistema se pensó para que lo usen particulares (como vecinos o turistas) no para que se le saqué partido económico, una posibilidad claramente vetada en su reglamento.

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Tras cuatro años la "Ley Rider" afronta su gran prueba de fuego. En el sector hay quien ya advierte que no saldrá bien

¿Tan grave es el problema? Sí. Y no. La Empresa Municipal de Transportes  (EMT) reconoce que no le consta que los riders estén haciendo "un uso masivo" de Bicimad, aunque sí ha detectado "algún caso". Mucho más claro ha sido Carabante, quien asegura que se trata de una práctica que "todos vemos" en la calle y parece estar yendo a mayores. De hecho el Ayuntamiento habla de "un incremento".

¿Qué dice la normativa? La cuestión no es tanto que la práctica esté más o menos extendida como que incumple de lleno las bases (y el espíritu) que regulan el servicio. En su capítulo XI el documento que fija las condiciones de uso desliza varias ideas, incluida una que cierra las puertas a los riders y demás repartidores. "La bicicleta se usará exclusivamente para el transporte de usuarios, no pudiendo transportar a otras personas, animales o mercancías", recoge el texto. "Tampoco podrán utilizarse la bicicleta, ni las estaciones, para fines comerciales".

¿Por qué las usan entonces? Por sus ventajas. Bicimad ofrece más de 7.700 bicis y 630 estaciones repartidas por 21 distritos de la capital. Quienes utilizan el servicio pueden disfrutar de bicis eléctricas con un motor central de 250W y 70 kilómetros de autonomía por una cuota de solo 10 euros mensuales. El servicio ofrece viajes gratis e ilimitados de hasta 30 minutos. Superado ese tiempo la segunda fracción de 30 minutos cuesta 0,5 y las sucesivas tres euros. 

Además sus usuarios están asegurados. Un rider que quisiese comprar una bici urbana similar para repartir pedidos tendría que desembolsar cientos de euros, como mínimo. Eso sin contar con el desgaste del vehículo y otra de las grandes ventajas de Bicimad: la red de estaciones y puntos de carga. Sus responsables calculan que el servicio tiene a día de hoy 450.000 usuarios mensuales que realizan trayectos que, de media, duran poco más de 15 minutos.

¿Qué quiere hacer el Ayuntamiento? De momento ha dejado claro que es consciente de que los riders están dando un uso indebido a las bicis y que no está dispuesto a hacer la vista gorda. Cómo responderá y hasta dónde está dispuesto a llegar en su empeño es otro asunto. El Ayuntamiento ha deslizado que buscará la forma de "desincentivar" que los repartidores se aprovechen de Bicimad y para ello una de las opciones que tiene sobre la mesa es aplicarles tarifas extra.

"Tendremos que ver si algún tipo de tarifa específica para este tipo de actividad y estamos analizando las posibles alternativas para que no se produzca", precisó Carabante, quien reconoce que lo que ha despertado el interés de los riders y ha hecho que el uso de Bicimad aumente entre el colectivo (según los datos que maneja el Ayuntamiento) son precisamente las "tarifas bajas" que aplica el servicio, lo que "hace atractivo el uso" por parte de los repartidores.

¿Se plantea algo más? Sí. Aumentar los controles a pie de calle. El Ayuntamiento de la capital ha reconocido a El Mundo que planea prestar una mayor atención a quién alquila las bicis para hacerse una idea más precisa del problema. "Para valorar si hay que tomar alguna medida para evitar este tipo de usos, desde la EMTE se va a iniciar próximamente una campaña de vigilancia para el seguimiento de estas actividades", avanza. "De acuerdo con esos resultados, se aplicarán actuaciones para desincentivar el uso para actividades comerciales".

No lo tendrán fácil. Los riders emplean las mismas tarjetas del resto de usuarios y para confirmar que están usando el servicio con fines comerciales la policía tendría que pararlos. De ahí por ejemplo que de momento tampoco se esté sancionando el uso indebido de las bicis. El problema no es del todo nuevo, pero el Ayuntamiento parece decidido a poner fin a una costumbre que, como alerta el delegado, perjudica a los particulares que quieren usar las bicicletas públicas.

Imágenes | Bicimad

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La noticia Los riders de Madrid llevan tiempo usando las bicis municipales pese a estar prohibido. El Ayuntamiento se ha cansado fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

Ni la masacre de Gaza, ni la subida de los sueldos, ni la mejora de la sanidad pública o la lucha contra la corrupción. Hace unos días los vecinos de Tomiño, una localidad del sur de Galicia, salieron a la calle para protestar por algo bien distinto y que no es habitual encontrarse en la España del siglo XXI: las plagas de moscas. Hartos de encontrarse con los molestos insectos hasta en la sopa (y no, no es una forma de hablar) unas 300 personas se concentraron en la villa para exigir a las instituciones que solucione un problema que llevan años arrastrando.

"Es horrible, terrible de verdad", claman.

¿Qué ha pasado? Que Galicia acaba de vivir la que quizás haya sido la manifestación más peculiar en lo que va de año. No tanto por la forma como por el fondo. Lo que ha sacado a la gente a la calle en Tomiño, una localidad del sur de la provincia de Pontevedra, es una plaga de moscas. Miles y miles de dípteros que se cuelan en los negocios y casas complicando la vida de una parte del pueblo.

La concentración se organizó el pasado domingo en el centro de Carregal, la parroquia de Tomiño más afectada, y reunió a alrededor de 300 vecinos, según precisa Tele Mariñas. La movilización no solo sirvió para exigir soluciones a las administraciones. También ha ayudado a entender mejor cómo afecta la plaga a los habitantes de la zona, que aseguran estar viviendo un auténtico infierno. 

"Esta peste no me deja comer, ni dormir, ni nada", se lamentaba un vecino de 77 años que lleva más de una década viviendo en el barrio. "Es horrible, terrible".

¿Tan grave es? Los testimonios de los habitantes de una de las zonas más afectadas, Amorín, en Carregal, demuestran que la invasión de moscas supone mucho más que una simple molestia. "Es terrible. Matas una y vienen tres al entierro", contaba hace unos días a La Voz de Galicia Avelina, una vecina. 

La gente habla de tiras atrapamoscas que se llenan al poco de colgarlas, negocios "desesperados" e incluso gente que se plantea tirar la toalla y vender sus viviendas si no se soluciona el problema. Hace unos meses en Forcadela, otra parroquia de Tomiño, la propietaria de un bar confesaba que la plaga la obligó a trabajar en horario reducido y prescindir de la terraza para no perder clientela.

"Al desplazarte había tantas que las podías agarrar con la mano, incluso las pisabas", relataba la hostelera, Ana Belén, a La Voz de Galicia. "El techo de mi establecimiento es blanco y estaba negro". En la concentración del domingo los vecinos de Carregal sacaron a la calle un cartel que, tirando de retranca, incidía en la misma queja: "Menú del día: 1º, caldo con moscas; 2º, garbanzos con moscas, café con moscas. Basta ya". Su malestar no se debe solo a la invasión de dípteros en sí. Les molesta también que el problema se repita año tras año sin que las administraciones le encuentren una salida. "Queremos soluciones ya".    

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¿A qué zonas afecta? La protesta del fin de semana se organizó en Carregal, Tomiño, pero hace unos meses se quejaban del mismo problema en Forcadela, otro barrio de la localidad. En realidad a pocos habrá pillado por sorpresa. En 2024 en la villa ya se quejaban del mismo problema y hay vecinos que denuncian que las moscas llevan suponiendo un desafío desde hace cerca de un lustro.

En realidad Tomiño no es la única localidad gallega que se las ha tenido que ver con la invasión de dípteros. A casi 175 kilómetros de allí, en Narón (provincia de A Coruña) hay otra parroquia, O Val, que lleva años con un reto simular. "Te llega a desesperar", confesaba en junio uno de sus vecinos a El Confidencial. En su caso incluso ha intentado combatir las moscas con lejía. Sin demasiado éxito.

¿Cuál es el motivo? En Tomiño el problema es lo suficientemente grave como para que hace un tiempo el Ayuntamiento encargase un estudio para aclarar sus causas, una tarea que recayó sobre un grupo especializado en biología ambiental de la Universidad de Vigo. Salustiano Mato, catedrático de Zoología, se resistía el año pasado a hablar de "plaga" de moscas como tal, pero admite que hay "booms poblacionales desproporcionados" de insectos en algunos puntos del municipio. 

Su protagonista es la mosca común, un insecto con un ciclo de vida fugaz, de entre siete y 30 días, pero que es capaz de depositar unos mil huevos durante ese breve período. Los vecinos afectados explican que "las plagas fuertes" se sufren entre primavera y bien entrado el otoño, aunque el problema no se soluciona del todo durante los meses fríos. "Seguimos con moscas porque ya no hay heladas". 

Sobre las posibles causas de su presencia descontrolada en Tomiño, Mato explica que parece haberse dado "una tormenta perfecta", opinión que comparte Galicia Ambiental. "La combinación de factores climáticos, la temperatura y la humedad podrían estar detrás de todo. Se da un conjunto de circunstancias ambientales que favorecen una eclosión, irrupción o reproducción masiva", sentencian.

¿Y cómo solucionarlo? El problema es más complejo de lo que parece. A la hora de señalar las causas se han apuntado más factores, como el uso de abono en los campos de cultivo, la humedad (la zona queda cerca del Miño), la destrucción de bosque autóctono, con la consecuente pérdida de arbolado y los pájaros que se alimentan de insectos, o la expansión de los cultivos. Hace unos meses de hecho el Ayuntamiento de Tomiño relacionó la plaga de Forcadela con una finca mal abonada, en la que supuestamente se acumuló estiércol en tierra sin arar.

Las cosas tampoco parecen estar claras en los despachos. El año pasado el Gobierno local recordaba que hay un real decreto de 2022 que esytablece que las competencias sobre la inspección y control en el cuidado de las tierras de cultivo recae sobre la Xunta, pero la oposición municipal insiste en que la ley obliga al Ayuntamiento a "actuar" y recuerda que es el que otorga las licencias. 

Para los vecinos de Tomiño el problema es mucho más sencillo. Ellos sencillamente piden a las diferentes instituciones que "trabajen juntas" y zanjen de una vez un problema que, recuerdan, les complica la vida desde hace años.

Imágenes | Asociación de Veciños de Carregal (Instagram), David Burillo (Flickr) y Philip Veater (Unsplash)

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La del DAF Super CityTrain parece la historia de una criatura mitológica, una ensamblada con chapas metálicas, dotada de motor y neumáticos y diseñada para moverse sobre el asfalto con cientos de personas acomodados en su interior. Poco se ha publicado sobre su historia y menos aún sobre cuál ha sido su destino, lograr una imagen suya es casi una misión imposible y sus orígenes se remontan unas cuantas décadas atrás, pero sin embargo ahí sigue, en las páginas del Guinness Records, ostentando el título de autobús más largo jamás fabricado.

Aunque hay quien apunta que el récord de bus en servicio más grande del mundo lo ostentan ya otros modelos, más recientes, sus datos siguen impresionando.

No digas bus… No, di mejor DAF Super CityTrain, el mayor autobús jamás construido, al menos según el registro del Guinness World Records, que tanto en su edición web como en la impresa publicada en 2015 lo presenta como el autocar más largo del mundo. Bazas tiene para serlo. Según la publicación británica, estos descomunales buses articulados de la República Democrática del Congo alcanzan los 32,2 metros de largo con un peso en vacío de 28 toneladas y pueden transportar cómodamente en su interior a unos 350 pasajeros.

Su talla es tan despampanante que en 2015 aún se presentaban como los buses más largos jamás construidos, con una longitud y capacidad que superaba a los AutoTram Extra Grand alemanes o los Youngman JNP6250G chinos. Y eso que el DAF Super CityTrain no es precisamente una novedad de la industria de la automoción: Guinness data su récord en 1989, hace ya más de 30 años.

¿Cuál es su historia? No es fácil hilarla. Se ha escrito muy poco sobre el DAF Super CityTrain. Una de las fichas más completas sobre el vehículo articulado y su crónica la elaboró de hecho una compañía del sector que queda lejos del Congo: la firma de transporte eslovaca Zvolen. En su web rescata un breve artículo publicado en septiembre de 1989 por la revista Commercial Motor en el que se explica que el fabricante DAF International acababa de cerrar la venta del "autobús más grande del mundo" a una compañía de autocares de Kinshasa, la capital y ciudad más grande del Congo, por entonces conocida como República del Zaire.

Aunque breve, el artículo es interesante porque nos da una idea de cómo era el DAF CityTrain: "Consta de una unidad de potencia estándar de DAF acoplada a un remolque de estructura escalonada York de fabricación local con una carrocería de bus especial". La crónica precisa que la capacidad del vehículo era de 450 viajeros —bastante superior a la señalada por Guinness— y entre otras curiosidades señala que una empresa del país se encargó de bloquear las dos marchas superiores del modelo para limitar su velocidad a menos de 42 kilómetros por hora.

¿Hay más datos? Sí. Y bastante interesantes. La reseña de Commercial Motorrevela que el autobús medía 18 metros de largo y desliza una idea importante: dado su éxito, en 1989 la compañía planteaba entregar 55 unidades extra y trabajaba ya en "una versión 'super'", un vehículo dotado de un segundo remolque que ofrecería aforo para más de 500 viajeros. Esa coletilla, la de "Super", es la que menciona el Guinness World Records en sus textos, aunque la publicación inglesa rebaja sus plazas. Según precisa, puede transportar "cómodamente a 350 pasajeros".

Sabemos también que por las mismas fechas, en el otoño de 1989, empezó a circular un autobús semirremolque que tomó el nombre City Train de su operador. Cuando se le sumaba un remolque se le añadía el apellido "Super", lo que indicaba que su aforo se había visto ampliado: a bordo podían viajar 170 personas sentadas —110 en la primera sección y 60 en el remolque— y 180 de pie, la mayoría también en la primera sección del vehículo. Eso sobre el papel, claro. Dada la población de Kinshasa, hay quien asegura que los Super CityTrain viajaban más cargados.

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Una obsesión que se mantiene viva. El uso de autocares articulados extragrandes —o más bien de remolques de buses, por las fotos que sí conservamos del CityTrain, sin la sección extra del "Super"—, se explica en gran medida por la necesidad de desplazamiento en el área metropolitana de Kinshasa, donde según datos de Macrotrends residen hoy alrededor de 16,3 millones de personas.

La obsesión por los autocares XXL no es sin embargo exclusivo del Congo de finales de los 80: años antes Wyane Corporation había producido en Indiana un enorme modelo de 23 m y durante las últimas décadas diferentes compañías han anunciado modelos enormes. El sector ha lanzado diseños sorprendentes, como el Gran Artic 300,  Yongman JNP650G o AutoTram Extra Grand, que se presentó en Alemania con una longitud de 30,7 metros y para algunos puede presumir de ser a día de hoy el mayor autobús en servicio del mundo. Sus dimensiones no alcanzan sin embargo a las que llegó a alcanzar el emblemático DAF Super CityTrain.

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La noticia El autobús más largo del mundo se llama DAF Super CityTrain: más de 30 metros de largo y capacidad para 350 personas fue publicada originalmente en Xataka por Carlos Prego .

En España hay un colectivo que lleva tiempo pendiente de los lobos. Y no son los zoólogos, animalistas, cazadores o ganaderos. Más aún que ellos son los políticos quienes se han pasado los últimos años discutiendo sobre el estatus legal del canis lupus, un tema delicado que ha generado un profundo debate. El último llega de Asturias, donde el Principado ha tomado una decisión radical: permitir a los cazadores que disparen a los lobos en las ciertas reservas de la comunidad.

No todo el mundo cree que sea legal.

¿Qué ha pasado? Que Asturias permitirá que los cazadores disparen a lobos durante sus batidas en ciertas zonas del Principado, aquellas reservas en las que se haya registrado un aumento de ataques al ganado. La decisión, que ha generado ya un intenso debate y se ha encontrado con la oposición frontal de los animalistas, entronca directamente con una serie de cambios legales que han ido agrietando poco a poco el blindaje legal del que disfrutó durante años el canis lupus.

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¿Qué quiere hacer Asturias? Abrir la puerta a los cazadores para que participen en la reducción de la población de lobos. Como "método de control complementario" la Consejería de Medio Rural ha decidido que los cazadores de aquellas reservas regionales "en las que se haya detectado un mayor número de daños en el ganado" puedan disparar a lobos durante cacerías programadas para capturar otras especies. Es decir, da luz verde a los cazadores para que (si se cumplen ciertas condiciones) puedan abatirlos mientras buscan presas.

"El objetivo es aumentar la eficacia de las extracciones. Con este fin, comenzará a aplicarse en cacerías de aquellas reservas en las que hayan aumentado los ataques al ganado, según una actualización de datos realizada entre enero y agosto", aclara el Principado, que ha pedido además que en los cotos de caza "más afectados" los guardas participen en los controles junto con los agentes de Medio Natural.

¿Por qué lo hace? Para responder esa pregunta hay que remontarse varios meses atrás, a abril, cuando el Gobierno de Asturias presentó su "hoja de ruta" anual (aplicable hasta finales de marzo de 2026) para "reducir los perjuicios al sector primario y la conflictividad social" relacionados con los lobos. Es decir, su 'Plan de Gestión del Lobo', un documento oficial que entre otras cosas aclaraba cuántas capturas de canis lupus han autorizado las autoridades asturianas.

En ese documento se revelaba que la población mínima de lobos ronda los 345 ejemplares y, en base a eso, la Consejería de Medio Rural ha decidido dar luz verde a "la extracción de un máximo de 53". Incluso se precisaba el número máximo de animales que se "extraerían" en cada zona del Principado, se daban algunas pautas sobre los períodos para realizar "los controles" y se aclaraba cómo se efectuarán.

Entre ellas, además de las batidas realizadas por los agentes medioambientales del Principado, ya se avanzaba que una de las opciones que contemplaba el plan era recurrir directamente a la ayuda de los cazadores en las reservas regionales.

¿Pero el lobo no estaba protegido? A lo largo de los últimos meses el estatus del lobo ha cambiado de forma considerable. Y con él lo ha hecho su blindaje legal. En España la novedad más relevante ocurrió en marzo. Durante la tramitación de una ley de desperdicios alimentarios (sí, has leído bien) el Congreso aprobó varias enmiendas centradas en el lobo. Y entre ellas había una en concreto que devolvía la especie a la situación en la que estaba antes de 2021, año en el que el canis lupus se había añadido al listado de especies silvestres con protección especial (Lespre).

En la práctica que el lobo figurase en el Lespre vetaba la caza de ejemplares al norte del Duero, algo que ya ocurría al sur del río. La decisión del Congreso de sacarlo supuso que las manadas del norte peninsular perdiesen su blindaje, lo que a su vez abrió la puerta a que las comunidades autónomas pudiesen decidir sobre su caza. El propio Principado reconocía el pasado abril que lanzaba su 'Plan de Gestión del Lobo' tras los últimos cambios en el Lespre. No fue la única. 

Cantabria hizo algo parecido. De hecho RTPA desvelaba esta misma semana que la comunidad ya ha "extraído" más de la mitad de los lobos del cupo autorizado para el período 2025-2026, lo que se traduce en 25 ejemplares de un total de 41. 

¿Y por qué recurre a los cazadores? Esa es una de las claves de la polémica que ha surgido en Asturias. El Principado explica que ha decidido permitir que los cazadores puedan disparar a lobos mientras buscan otras especies en las reservas para "aumentar la eficacia" del plan, que prevé la "extracción" de un máximo de 53 lobos. Hay quien ha visto en ese argumentario una señal de alarma. 

"Si el motivo de implicar a cazadores es la dificultad para alcanzar el número de lobos muertos establecidos en los cupos, quizás la causa no sea tanto la falta de eficacia del método para darles caza, sino la propia escasez de lobos, algo que parece que el Gobierno asturiano ni siquiera valora", advierte el Fondo de Protección del Lobo, muy crítico con la nueva decisión del Principado.

¿Cuántos lobos hay? En primavera el Gobierno regional calculaba que el lobo está presente en el 83% del territorio asturiano, donde habitan unas 45 manadas que suman entre 360 y 405 animales. "Desde 2001, año en el que se registraron 22 manadas, la población ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los perjuicios causados sobre la ganadería", concreta el Principado. 

Para ser más precisos, recuerda que el año pasado se confirmaron daños a 3.257 cabezas de ganado y el coste de las indemnizaciones creció hasta superar el millón y medio de euros. Esas cifras son las que justificaron el Plan de Control, aunque se desconoce cuántos lobos se han abatido en la comunidad a día de hoy.

¿Ha habido reacciones? Sí. Y de diferentes tipos. El Gobierno insiste en que el suyo es un "posicionamiento equilibrado" entre la preservación de la especie y los intereses de los agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que todo lo relacionado con el marco legal del lobo lleva meses envuelto en un profundo debate. 

Los cazadores reconocen haber recibido el último anuncio del Principado con satisfacción y recuerdan que "es más efectivo disparar a un lobo cuando se ve que salir a buscarlo". Los animalistas no tienen tan claro que la ley les permita abatir ejemplares, independientemente de qué decida el Principado. "Genera una gran incertidumbre y se analizará con rigor si pasa el filtro de la normativa", advierten tras recodar que (más allá del Lespre) el lobo no es una especie cinegética.

El estatus legal del lobo no solo ha dado que hablar en Asturias o Cantabria. También lo ha hecho en otras regiones, incluido al sur del Duero y en otros países de la UE. Tanto es así que hace solo unos meses Bruselas decidió también degradar el estatus legal de la especie, haciéndola pasar de "estrictamente protegida" a solo "protegida", algo que tuvo una repercusión especial para las manadas del sur.

Imágenes | AR Escuela Superior de Medio Ambiente (Flickr) y Enmanuel Rodríguez (Flickr)

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No todo el mundo cree que sea legal.

¿Qué ha pasado? Que Asturias permitirá que los cazadores disparen a lobos durante sus batidas en ciertas zonas del Principado, aquellas reservas en las que se haya registrado un aumento de ataques al ganado. La decisión, que ha generado ya un intenso debate y se ha encontrado con la oposición frontal de los animalistas, entronca directamente con una serie de cambios legales que han ido agrietando poco a poco el blindaje legal del que disfrutó durante años el canis lupus.

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"El objetivo es aumentar la eficacia de las extracciones. Con este fin, comenzará a aplicarse en cacerías de aquellas reservas en las que hayan aumentado los ataques al ganado, según una actualización de datos realizada entre enero y agosto", aclara el Principado, que ha pedido además que en los cotos de caza "más afectados" los guardas participen en los controles junto con los agentes de Medio Natural.

¿Por qué lo hace? Para responder esa pregunta hay que remontarse varios meses atrás, a abril, cuando el Gobierno de Asturias presentó su "hoja de ruta" anual (aplicable hasta finales de marzo de 2026) para "reducir los perjuicios al sector primario y la conflictividad social" relacionados con los lobos. Es decir, su 'Plan de Gestión del Lobo', un documento oficial que entre otras cosas aclaraba cuántas capturas de canis lupus han autorizado las autoridades asturianas.

En ese documento se revelaba que la población mínima de lobos ronda los 345 ejemplares y, en base a eso, la Consejería de Medio Rural ha decidido dar luz verde a "la extracción de un máximo de 53". Incluso se precisaba el número máximo de animales que se "extraerían" en cada zona del Principado, se daban algunas pautas sobre los períodos para realizar "los controles" y se aclaraba cómo se efectuarán.

Entre ellas, además de las batidas realizadas por los agentes medioambientales del Principado, ya se avanzaba que una de las opciones que contemplaba el plan era recurrir directamente a la ayuda de los cazadores en las reservas regionales.

¿Pero el lobo no estaba protegido? A lo largo de los últimos meses el estatus del lobo ha cambiado de forma considerable. Y con él lo ha hecho su blindaje legal. En España la novedad más relevante ocurrió en marzo. Durante la tramitación de una ley de desperdicios alimentarios (sí, has leído bien) el Congreso aprobó varias enmiendas centradas en el lobo. Y entre ellas había una en concreto que devolvía la especie a la situación en la que estaba antes de 2021, año en el que el canis lupus se había añadido al listado de especies silvestres con protección especial (Lespre).

En la práctica que el lobo figurase en el Lespre vetaba la caza de ejemplares al norte del Duero, algo que ya ocurría al sur del río. La decisión del Congreso de sacarlo supuso que las manadas del norte peninsular perdiesen su blindaje, lo que a su vez abrió la puerta a que las comunidades autónomas pudiesen decidir sobre su caza. El propio Principado reconocía el pasado abril que lanzaba su 'Plan de Gestión del Lobo' tras los últimos cambios en el Lespre. No fue la única. 

Cantabria hizo algo parecido. De hecho RTPA desvelaba esta misma semana que la comunidad ya ha "extraído" más de la mitad de los lobos del cupo autorizado para el período 2025-2026, lo que se traduce en 25 ejemplares de un total de 41. 

¿Y por qué recurre a los cazadores? Esa es una de las claves de la polémica que ha surgido en Asturias. El Principado explica que ha decidido permitir que los cazadores puedan disparar a lobos mientras buscan otras especies en las reservas para "aumentar la eficacia" del plan, que prevé la "extracción" de un máximo de 53 lobos. Hay quien ha visto en ese argumentario una señal de alarma. 

"Si el motivo de implicar a cazadores es la dificultad para alcanzar el número de lobos muertos establecidos en los cupos, quizás la causa no sea tanto la falta de eficacia del método para darles caza, sino la propia escasez de lobos, algo que parece que el Gobierno asturiano ni siquiera valora", advierte el Fondo de Protección del Lobo, muy crítico con la nueva decisión del Principado.

¿Cuántos lobos hay? En primavera el Gobierno regional calculaba que el lobo está presente en el 83% del territorio asturiano, donde habitan unas 45 manadas que suman entre 360 y 405 animales. "Desde 2001, año en el que se registraron 22 manadas, la población ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los perjuicios causados sobre la ganadería", concreta el Principado. 

Para ser más precisos, recuerda que el año pasado se confirmaron daños a 3.257 cabezas de ganado y el coste de las indemnizaciones creció hasta superar el millón y medio de euros. Esas cifras son las que justificaron el Plan de Control, aunque se desconoce cuántos lobos se han abatido en la comunidad a día de hoy.

¿Ha habido reacciones? Sí. Y de diferentes tipos. El Gobierno insiste en que el suyo es un "posicionamiento equilibrado" entre la preservación de la especie y los intereses de los agricultores y ganaderos, pero lo cierto es que todo lo relacionado con el marco legal del lobo lleva meses envuelto en un profundo debate. 

Los cazadores reconocen haber recibido el último anuncio del Principado con satisfacción y recuerdan que "es más efectivo disparar a un lobo cuando se ve que salir a buscarlo". Los animalistas no tienen tan claro que la ley les permita abatir ejemplares, independientemente de qué decida el Principado. "Genera una gran incertidumbre y se analizará con rigor si pasa el filtro de la normativa", advierten tras recodar que (más allá del Lespre) el lobo no es una especie cinegética.

El estatus legal del lobo no solo ha dado que hablar en Asturias o Cantabria. También lo ha hecho en otras regiones, incluido al sur del Duero y en otros países de la UE. Tanto es así que hace solo unos meses Bruselas decidió también degradar el estatus legal de la especie, haciéndola pasar de "estrictamente protegida" a solo "protegida", algo que tuvo una repercusión especial para las manadas del sur.

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