El Gobierno vació un embalse en Cáceres para erradicar a un pez invasor. Fue peor el remedio que la enfermedad
Hace apenas ocho meses, Alcollarín se vestía de gala. Este pequeño pueblo de Cáceres, con poco más de 300 vecinos, se presentaba en la Feria Internacional de Turismo de Madrid como un rincón privilegiado para observar aves, lanzar la caña o pasear junto a su embalse, espejo azul en medio de la dehesa.
Hoy, la postal ha cambiado por completo. Donde antes brillaba el agua, ahora se extiende un lodazal salpicado de peces muertos. El aire, cargado de un olor agrio, llega hasta las calles del pueblo. Los vecinos hablan de “desastre ecológico” y miran incrédulos hacia la presa, mientras desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana defienden que la operación era “de vital importancia” para proteger el futuro de la cuenca.
La operación que lo cambió todo. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la CHG, inició un plan para erradicar la especie invasora Pseudorasbora parva —conocida como pez chino o gobio de boca súpera—, presente en el embalse y en el río Alcollarín desde 2010. Incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en el Reglamento europeo de especies preocupantes para la UE, su control es una obligación legal para impedir su propagación.
El plan incluía meses de despesques con barcos especializados y, como fase final, un vaciado “controlado” de la presa para facilitar la captura de ejemplares. Según ha informado la CHG, el embalse se encontraba al 100 % de su capacidad —50 hectómetros cúbicos, equivalentes a 50.000 millones de litros— antes de iniciar la operación. El problema, como han denunciado vecinos y asociaciones a El Periódico Extremadura, es que el vaciado provocó la liberación aguas abajo de miles de ejemplares, expandiendo la especie hacia los ríos Ruecas y Guadiana.
El enemigo en las aguas de Alcollarín. La Pseudorasbora parva llegó a Europa hacia 1960 y se ha expandido a más de 30 países, principalmente por introducciones ligadas a la acuicultura. En España, fue detectada por primera vez en la cuenca del Ebro en 2002 y, desde entonces, ha colonizado tramos de Cataluña, Andalucía, Madrid y Extremadura.
En el caso de Alcollarín, la especie se detectó en 2010 y, según el MITECO, su densidad en el embalse había alcanzado niveles que hacían técnicamente inviable su erradicación completa. Aun así, la CHG defendió que era urgente reducir su población para evitar su dispersión hacia nuevos cauces, especialmente ante la conexión prevista con el Canal de Orellana, y asegurar que el embalse pudiera destinarse a riego y actividades recreativas “conforme a la legislación vigente”.
Del control a la catástrofe. El contrato, adjudicado en junio de 2024 a la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U. por 787.861,99 euros (sin impuestos), incluía varias fases de análisis de la fauna piscíscola, instalación de barreras de contención metálicas para evitar fugas, extracción de especies autóctonas y eliminación de invasoras, y el vaciado controlado del embalse.
Sin embargo, según denuncian vecinos y colectivos como el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), el procedimiento no salió como estaba previsto. Los capturaderos aguas abajo se desbordaron en las fases críticas y “cientos de miles” de ejemplares invasores escaparon hacia el Ruecas y el Guadiana.
La bajada drástica del nivel de agua, sumada a las altas temperaturas, provocó además la muerte de numerosas especies autóctonas, incluido el barbo, catalogado como vulnerable. Las orillas se llenaron de peces en descomposición, las aves acuáticas abandonaron la zona y la economía local perdió, de golpe, un recurso clave para el turismo de naturaleza.
Cruce de acusaciones. La CHG sostiene que la operación fue planificada y ejecutada bajo la supervisión de un “equipo multidisciplinar de biólogos, ambientólogos e ingenieros altamente cualificados”, como ha detallado El Periódico, y reconoce solo una “mortandad puntual de barbos”. Afirma que la mayoría de ejemplares autóctonos fueron rescatados durante los despesques previos.
En cambio, Fondenex ha calificado en el mismo medio la actuación de “disparate ecológico” y acusa a la CHG de “negligencia manifiesta” por vaciar el embalse en pleno verano, sin prever usos urgentes del agua, como la extinción de incendios, y sin valorar el impacto sobre aves protegidas en la ZEPA Llanos de Zorita. El colectivo ha solicitado los informes ambientales y no descarta presentar una denuncia ante los tribunales. Además, los vecinos han denunciado que “se han cargado los únicos aspectos positivos que tiene un embalse” y cuestionan el uso de métodos “masivos y no selectivos” prohibidos por la Ley de Conservación de la Naturaleza.
Previsiones. Una vez controlada la presencia de Pseudorasbora parva, la CHG prevé reintroducir especies autóctonas con la colaboración de la Junta de Extremadura y mantener barreras y controles en futuros desembalses.
Sin embargo, los colectivos ecologistas advierten de que la recuperación ecológica y turística del embalse llevará años, y que el pez invasor ya está presente en tramos del Ruecas y del Guadiana donde antes no había llegado.
Una pregunta abierta. En Alcollarín, las versiones oficiales y las percepciones ciudadanas divergen radicalmente: para la administración, se trata de una operación técnica necesaria; para muchos vecinos, de una “catástrofe ambiental” que ha multiplicado el problema.
Más allá del caso concreto, el episodio plantea un dilema que trasciende a Extremadura: ¿qué coste ambiental y social estamos dispuestos a asumir para frenar una invasión biológica cuando la erradicación total es prácticamente imposible?
Imagen | CHGGuadiana y B. Schoenmakers
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El Gobierno vació un embalse en Cáceres para erradicar a un pez invasor. Fue peor el remedio que la enfermedad
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Xataka
por
Alba Otero
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