Las nuevas ayudas del Gobierno al 5G rural no contentan a nadie: dos cláusulas tienen la culpa
Esta semana ha salido publicada en el BOE una nueva convocatoria de ayudas con las que el Gobierno quiere acelerar el despliegue del 5G SA en municipios de menos de 10.000 habitantes. Forman parte del programa UNICO 5G Redes Activas y están dotadas con nada menos que 544 millones de euros.
Las bases originales de esta convocatoria prohibían suministradores de “alto riesgo” en el 5G, lo que provocó un recurso contencioso administrativo de Huawei y generó preocupación en Vodafone y Orange ante la posibilidad de extender esa limitación al 4G.
Ahora, además, se ha incluido una nueva cláusula que limita el número de ayudas concedidas a un mismo operador, lo que perjudicará especialmente a Telefónica, que pretendía hacerse con el grueso de esta subvención. En resumen, todos disconformes.
La subvención de la discordia
El Gobierno sigue inmerso en su objetivo de acabar con la brecha digital en España y ha convocado una nueva batería de ayudas que se suman a los 250 millones de euros para hacer llegar la fibra a entornos rurales, los 76 millones para llevar internet a zonas más remotas vía satélite y los 450 millones para conectar con fibra las torres de telefonía móvil. En total, más de mil millones.
Imagen: Ministerio de Economía y Transición Digital
El presupuesto de esta nueva subvención -enmarcada en el programa UNICO 5G Redes Activas- es de 544 millones de euros, que están financiados con los fondos europeos Next Generation EU y van destinados a favorecer el despliegue del 5G en núcleos urbanos de menor tamaño.
Según aclara el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, van dirigidas a proveer a los operadores de equipamiento activo, pasivo e infraestructuras para desplegar 5G en municipios de menos de 10.000 habitantes. Siempre, eso sí, que en esos municipios no exista -y no esté previsto en los próximos tres años- cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente.
Al tratarse de una convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva, se establece un periodo para que los operadores presenten su candidatura. Y ese periodo de solicitudes, en este caso, finaliza el 31 de octubre a las 13:00 (hora peninsular).
Cláusulas “anti-China” y “anti-monopolio”
Ahora que tenemos claro en qué consisten estas ayudas y a quién van destinadas, hablemos de la polémica que han generado. Empecemos por el descontento de Huawei, que incluso interpuso un recurso contencioso administrativo por ello a finales de septiembre.
Imagen: Ministerio de Economía y Transición Digital
El motivo es que la Orden ETD/685/2023, de 21 de junio, por la que se establecían las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas, ya incluía una cláusula que sigue presente en la convocatoria publicada finalmente:
Art. 10.9: Los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España.
Y añadía que, si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado es declarado de alto riesgo, el operador tendrá que reemplazar todo el equipamiento de ese proveedor asumiendo el coste y en un plazo máximo de 24 meses.
El problema es que España sigue sin publicar la esperada lista de estos suministradores de alto riesgo que reclaman desde Europa, pero esos proveedores son sobradamente conocidos. Hablamos, cómo no, de los fabricantes chinos ZTE y Huawei. Por eso esta última, ha recurrido esta convocatoria que considera “contraria a Derecho y desproporcionada”.
Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Huawei y argumentan lo siguiente:
El artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios. Este planteamiento reducirá la competencia, lo que provocará una distorsión del sector de las telecomunicaciones en España, obstaculizará la innovación y planteará grandes riesgos económicos y sociales.
Cierto es que los operadores se han cubierto las espaldas en este sentido y tanto Telefónica como Vodafone y Orange excluyeron desde el inicio a Huawei de su red core 5G SA en beneficio de Ericsson. Pero con el 4G no ocurre lo mismo: ahí Vodafone y Orange sí cuentan con Huawei como proveedor mayoritario en 30 provincias.
El temor de que esa restricción de suministradores de alto riesgo se extienda al 4G o generaciones anteriores, ha hecho que Vodafone y Orange consideren que esta convocatoria favorece a Telefónica (que usa mayoritariamente a Ericsson y Nokia). Ninguna de las dos teleco ha hecho declaraciones al respecto, pero el diario Expansión afirma que Vodafone también ha presentado un recurso.
¿Y qué ha hecho el Ministerio para tratar de conformarles? Publicar hace unos días la Orden ETD/1084/2023, de 27 de septiembre, para modificar las bases originales con un parche, pues recoge la posibilidad de establecer “un límite en el número de provincias en las que un mismo operador puede resultar como primer beneficiario”.
Esta modificación de la convocatoria perjudica a Telefónica, que aspiraba a lograr el 100% de las ayudas en la mayor parte de las 50 provincias y que ahora tendrá que conformarse en el mejor de los casos con 30. En el resto, lo más probable es que quede por detrás de Vodafone y Orange, y sólo pueda obtener el 25% de las ayudas de esos 20 lotes.
Imagen de portada | Makalu
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La noticia
Las nuevas ayudas del Gobierno al 5G rural no contentan a nadie: dos cláusulas tienen la culpa
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por
Laura Sacristán
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