La UE pacta una reforma para reducir las emisiones de CO2: edificios y carreteras, en el punto de mira
En 2005, la Unión Europea estableció el Régimen de comercio de derechos de emisión (también llamado sistema de comercio de emisiones) el primer sistema internacional de emisiones del mundo. A través de este mecanismo, los sectores en los que operan más de 10.000 instalaciones de gran uso energético, compran, mediante una subasta, permisos de emisión por cada tonelada de dióxido de carbono. De esta forma se consiguen limitar las emisiones, cumpliendo así con la política climática de la UE.
En este sentido, el pasado domingo, el Consejo y el Parlamento europeos llegaron a un acuerdo para modificar este sistema, como parte de lo señalado por el paquete de medidas denominado ‘Objetivo 55’, descrito por la propia UE como “un conjunto de propuestas” diseñadas para ajustar las políticas de la Unión a “los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento europeos”, entre los cuales está la reducción de al menos el 55% de los gases de efecto invernadero para 2030.
Cambio del sistema. El acuerdo señala que las emisiones deberán reducirse en un 62% para 2030, en comparación con los niveles de 2005. Para lograrlo, se producirá una disminución de 90 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes (medida en toneladas de la huella de carbono), así como una reducción anual de las cuotas de emisión del 4,3% entre 2024 y 2027 y del 4,4% entre 2029 y 2030.
Fin de derechos de emisión gratuitos. Adicionalmente, los derechos de emisión, empleados, entre otras cosas, para evitar la fuga de carbono (la deslocalización de compañías hacia países donde no existe una regulación climática o es más permisiva), también desaparecerán, y lo harán progresivamente. La disminución de estos permisos se reducirá en un 48,5% en 2030, y este porcentaje llegará al 100% en 2034, cuando se eliminará definitivamente.
Mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Por otra parte, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, según el cual las compañías no pertenecientes a la UE pagan el precio del dióxido de carbono utilizado para fabricar los productos que quieren vender en territorio comunitario, también será modificado. La idea es equiparar el precio de la huella de carbono empleada para la fabricación de productos de la UE y los importados, limitando aún más la fuga de carbono y reduciendo las emisiones.
La Comisión Europea señala que algunos de los productos afectados serán el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad, el hidrógeno, el acero y el hierro, y que actuará de forma que las reglas de la Organización Internacional del Comercio sean respetadas.
Los barcos, en el punto de mira. El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento también establece la introducción de una reducción gradual de las emisiones en el sector marítimo hasta su eliminación: 40% en 2024, 70% en 2025 y 100% en 2026. Según indica la Comisión Europea, la mayor parte de los grandes navíos serán incluidos de forma escalonada. Las “especificidades geográficas”, por otro lado, también se tendrán en cuenta, con el establecimiento de medidas transitorias para islas pequeñas, navíos de clase polar y viajes a regiones ultraperiféricas, como las Islas Canarias.
Edificios y transporte por carretera. Por otra parte, el acuerdo prevé la creación de un sistema de comercio de emisiones para los edificios y el sector del transporte en carretera, ámbitos “que han sido difíciles de descarbonizar”. Bajo este régimen operarán los distribuidores de combustible a los edificios, al transporte terrestre así como otros sectores. Además, parte de la recaudación será empleada para financiar hogares vulnerables y microempresas, a través del Fondo Social del Clima, un fondo que será establecido entre 2026 y 2032 y que contará con un presupuesto de 86.700 millones de euros.
Más apoyo a la innovación. Finalmente, según informó la Comisión Europea el pasado 13 de diciembre, el Fondo de Innovación destinará 62 millones de euros a 17 proyectos de tecnología limpia a pequeña escala (cuatro de los cuales se desarrollarán en España), también tendrá un aumento en su presupuesto.
Imagen: Marek Piwnicki / Unsplash
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Javier Fernández
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