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La realidad es que la nueva obligación del registro horario a hecho que muchas empresas tengan que introducir modelos de fichaje que a veces son incómodos para los empleados y alguno de ellos puede que no cumpla con esta obligación. Pero ¿se puede despedir a un empleado por no fichar?

Pues la realidad es que si hablamos de un despido procedente es muy complicado porque casi el 100% de los convenios colectivos no regulan como obligación del trabajador tener que fichar. Por lo tanto, tampoco se articula un régimen sancionador que pueda provocar que no cumplir con dicho registro pueda dar lugar a una falta.

Hace unos años las llamadas redes sociales profesionales estaban consideradas un lugar elitista donde las empresas mostraban su éxito en una convención, compartían artículos para promocionar una marca o un evento. Los trabajadores que estaban en paro solían decir: “Yo no encajo en Linkedin”, y razón no les faltaba.

Pero en 2019, Linkedin se ha transformado o mejor dicho, las personas han perdido el pudor y con la mejor de las intenciones, exponen con claridad que el motivo de su presencia es la búsqueda de un trabajo. De hecho, se lo están poniendo difícil a los responsables de Recursos Humanos ¿o es al revés?

A pesar de que la retribución flexible se ha convertido en un elemento casi imprescindible para las grandes empresas, lo cierto es que, por el momento, no ha tenido el mismo éxito entre las pymes. De hecho, según un reciente estudio de Sodexo, un 72% de estas empresas todavía no lo ha implementado.

Me ha llamado la atención que un popular bar de mi ciudad, que habitualmente abría todos los días de la semana, haya justificado el cierre del domingo porque con nuevo convenio de hostelería no se pueden hacer horas extras. Algo estamos haciendo mal si un negocio próspero, con clientela asegurada no puede abrir porque no le sale rentable pagar a los empleados.

Hay que recordar que el convenio marca un máximo de 80 horas extras anuales, o lo que es lo mismo 10 domingos al año que se podrían pagar para abrir. Lo que no me cuadra del todo es que la entrada en vigor del convenio fue en 2018 y hasta ahora se ha mantenido abierto todos los días de la semana. ¿Qué ha cambiado para que ahora no sea rentable?

“Dudo que las pymes españolas estén preparadas para un Brexit duro”, declaraba el ministro británico Stephen Barclay ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta decisión no es sólo un dolor de cabeza para muchos británicos que están en contra, también a nivel empresarial supone un grave problema, del que España y sus pymes también son protagonistas.

Barclay ha advertido de que los retrasos que se producirían en el Puerto francés de Calais pueden perjudicar a las exportaciones españolas de fruta y verdura, y de que las consecuencias en sectores como el turismo y la aviación “pueden producir estragos en la economía española”. Y si a estas ‘buenas’ noticias añadimos que la fuga de empresas no contemplan ni a Madrid ni a Barcelona, es para preocuparse.

El SII supone un control de la facturación en menos de dos días desde la emisión de la factura, que es el tiempo que tienen las empresas para remitirlas a Hacienda. Era cuestión de tiempo que se bajasen los límites para que cada vez más empresas se incorporaran a este sistema. Pero para aquellos que tributan en el País Vasco llegará muy pronto porque en 2020 el SII llegará también a los autónomos y pymes de Euskadi.

El sistema se denominará Ticket BAI y se implantará para todas las empresas a mediados de 2020 y en 2021 en el caso de los autónomos. Con ello se va a intensificar el control de ingresos de los negocios, sobre todo para aquellos que cobran en efectivo.

La mejor forma de tener controlado el fraude o la comisión de irregularidades en el ámbito fiscal es tener más ojos en las organizaciones. Quizás por eso desde la UE, y el Consejo de Ministros del Interior, se ha aprobado una nueva directiva que fomenta que los trabajadores denuncien a sus empresas si incurren en prácticas ilegales. No es nada nuevo ya que esta directiva fue aprobada por el Parlamento europeo el pasado mes de abril.

Para ello el primer paso será garantizar la protección de dichos empleados que realicen denuncias en temas que afecten a la contratación pública, las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como los actos que pretenden conseguir una ventaja fiscal que desvirtúe la legislación del Impuesto de Sociedades.