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Que el objetivo del actual Gobierno es situar el salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio no es una novedad ni una sorpresa para nadie. Incluso los representantes de las empresas lo tienen asumido, la cuestión es más bien de plazos, cuándo y cómo. Porque la subida del SMI a 1.000 euros llegará en 2020 o incluso antes.

Es una medida que debe hacerse con el acuerdo entre los agentes sociales, pero ya existen precedentes de que este trámite se produzca por Real Decreto antes de finalizar el año. Hay una hoja de ruta clara y por muchos que los sindicatos quieran otorgarse el tanto, la realidad es que si se produce estarán satisfechos. No tanto la CEOE o alguna asociación de Autónomos, puesto que para llegar a 1.000 euros el SMI tiene que subir un 11%, un porcentaje difícil de digerir en un año para muchas empresas.

Dentro del marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se está celebrando en estos días en Madrid se habla también de las implicaciones de una economía que saque partido a las energías renovables, una economía circular que potencie el reciclado pero que implica un cambio de modelo productivo que siempre tiene consecuencias en el empleo. La Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio habla de ir hacia una economía verde, más justa, inclusiva y con trabajos de calidad.

Es complicado plantear un cambio de este tipo cuando sabemos que habrá gente que sufrirá las consecuencias, que tendrá que reciclarse hacia otro sector y es necesario ayudarles. Pongamos un ejemplo a pie de calle. Pasar de un coche de combustión a uno eléctrico reduce de manera notable el mantenimiento de dichos vehículos y en España hay muchos pequeños negocios y autónomos que tienen su pequeño taller, ¿dónde irán ahora? Ellos no se van a poner a fabricar baterías y necesariamente el sector sufrirá un ajuste.